El plan de alimentación escolar en el país, requiere veedores

La procuradora Margarita Cabello, en entrevista con María Isabel Rueda, ante la pregunta por el Plan de Alimentación Escolar en Colombia, respondió el día de ayer en el diario El Tiempo: …” Es un punto de discusión de alcaldes y gobernadores, que quieren manejar un poco esos dineros. ¿Qué me preocupa?: Deficiencia en la supervisión. Corrupción en la contratación y falta de prevención en el tema de las vigencias futuras. Estoy región por región abriendo investigaciones cuando no están a tiempo, pero más que todo, trabajando para que desde ahora adecuen sus planes y su contratación , para que empecemos en enero, como debe ser.
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En Cúcuta proponen que los mercados se entreguen en la casa, y no por raciones en los colegios, eso me ha llamado la atención.  Pero quiero garantizar que desde el primero hasta el último día del calendario estaré encima de cómo va la contratación del PAE, incluyendo su planeación, que no estoy observando. Con la comida de los niños no se juega”.

Esta respuesta de la Procuradora, empodera aún más las veedurías que en calidad de padres de familia, de estudiantes sujetos del derecho a la disponibilidad de alimentación en condiciones dignas, deben exigir, referidas al gramaje correspondiente, a la minuta del día, a las condiciones de distribución y servicio al momento de recibir los correspondientes alimentos en las horas oportunas, no cuando ya casi acaban su jornada; ahí, se evidencia incumplimiento en el contrato.

Son muchísimas las quejas diarias que expresan desde diferentes entes territoriales a través de fotos, las miserables raciones que con toda certeza no corresponden a lo contratado por el gobierno y mucho menos alimentos como el pan con hongos o refrigerios industrializados vencidos.  ¡Es inaudito!

Este programa parece huérfano, se ha dejado en manos de intereses privados y se  ha llegado a sancionar directivos docentes incluso destituyéndolos e inhabilitándolos, por hechos cumplidos  cuando buscan prevenir el daño de los alimentos, a través de compras anticipadas de refrigeradores o neveras sin   los CDP o RP correspondientes que implica una falta gravísima; pero, ¿Dónde están las sanciones por los escándalos recurrentes sobre alimentos en mal estados servidos a los niños, que pueden  afectar su salud y en consecuencia atentar contra su vida;  dónde se evidencia la investigación  por el desvío de recursos o  por los sobrecostos, o por un sinnúmero de hechos entorno a un programa que debe ser cumplido a cabalidad?

Este programa comenzó desde el año 1955, durante el gobierno del General Rojas Pinilla, en 1968 pasó a manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ha continuado como una política de gobierno en el derecho fundamental a la Educación, como parte de la disponibilidad a la cual se le obliga al Estado, también en términos de alimentación escolar.

El retraso en la talla, el sobrepeso, las condiciones socio económicas, dan cuenta de una situación crítica en las escuelas y esto implica formar para que conozcan sus derechos, cumplan con sus deberes y exijan aquello que les corresponde.  Nuestros niños y adolescentes  desconocen sus derechos y  no reclaman.

 

INDIRA ORFA TATIANA ROJAS OVIEDO
Correo
tatianarojasoviedo34@gmail.com

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