Jorge Enrique Robledo

Entre 2002 y 2006, hicimos numerosos debates en el Senado, en la Comisión Quinta y en la plenaria, demostrando lo mal que le iba a ir a Colombia con el TLC con Estados Unidos. Libramos otros hasta el 2012, cuando el Tratado entró en aplicación, luego de que con la lucha democrática impidiéramos que se aplicara desde enero de 2007, como lo pretendía el presidente Álvaro Uribe. Alguien debería calcular las inmensas pérdidas que le evitamos al país con este aplazamiento de cinco años.

En la campaña electoral en la que George Bush padre perdió con Clinton, este ganó, en buena medida, porque centró el debate en la mala situación económica de Estados Unidos, énfasis que se hizo famoso porque alguien de la campaña fijó un aviso que rezaba: “Es la economía, estúpido”, una curiosa pero eficaz manera de resaltar el problema principal.

Dignidad es un nuevo partido político constituido en Colombia, fruto, de una parte, de la escisión legal (Ley 1475 del 2011) que acordamos en el Polo Democrático Alternativo para que unas tendencias nos retiráramos de esa organización. Y de la otra, de la convergencia en Dignidad de dirigentes y sectores con orígenes diferentes al Polo, unidos sobre un programa y unas normas estatutarias de carácter amplio y democrático, para promover los cambios que requiere el progreso de Colombia.

El sabotaje a la Moción de Censura contra Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Defensa que desacredita a la fuerza pública porque ha mentido y engañado para que él y el presidente Duque violaran la ley, es de lo peor que ha pasado en la historia del Senado. Por la decisión duquista de matonear para proteger a un funcionario indigno y porque esos 58 senadores, encabezados por Arturo Char –quien nunca debió ser electo presidente– prevaricaron descaradamente y agredieron a la oposición.

Por el aumento de la productividad del trabajo y la concentración de la producción en unidades mayores, desde la Revolución Industrial –1760-1840–, la humanidad ha creado más riqueza y empleos que en todas sus etapas anteriores sumadas, lo cual generó cambios económicos, sociales, políticos y culturales enormes y positivos, como ocurrió con los ingresos y los salarios reales, la expectativa de vida y el avance de la educación y de las ciencias naturales y sociales, bases de todo progreso. Y las repúblicas sustituyeron el poder de los reyes, que con violencia se imponían como “representantes de Dios en la tierra”, se estableció que todos los seres humanos nacemos iguales y se crearon los derechos democráticos ciudadanos más diversos, aunque con frecuencia los violen. Un gran progreso.

Desde cuando se conocieron las características del Covid-19, se supo que todos los países enfrentarían graves problemas, dificilísimos de manejar y con enormes pérdidas en salud, vidas y condiciones económicas y sociales. Porque no existía ni existe vacuna ni medicamento específico contra el virus, logros difíciles de conseguir con rapidez. Porque es un bicho muy contagioso, que en porcentajes notables exige hospitalizarse y provoca la muerte, aun con Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Y porque, por las condiciones del mundo de hoy, rápido se volvió pandemia y exige fuertes cuarentenas.

Hace unos días, El Tiempo, El Espectador y Semana hicieron noticia la respuesta del fiscal Daniel Hernández a un derecho de petición del defensor de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en el proceso penal contra la corrupción del Consorcio Ruta del Sol 2 (Odebrecht y Corficolombiana-Grupo Aval).

Según la Dian, en mayo pasado, la población desocupada en el país llegó a la inmensa cantidad de 4,9 millones, el 21,4 por ciento del total, y mujeres y jóvenes más de la mitad, el 25,4 y 26,6 por ciento, respectivamente.

Desde la Revolución Industrial, la humanidad ha creado más riqueza y empleos que en los restantes milenios de la historia. Y se sabe del aporte decisivo de la máquina de vapor en esa transformación.

Al final de marzo pasado, el gobierno partió a Electricaribe en dos empresas –Caribe Mar y Caribe Sol– y se las vendió, respectivamente, a EPM y a un consorcio de Alberto Ríos Velilla.