De todo puede acusarse a los colombianos, menos de precipitados e intransigentes, incluso ahora que las protestas agrarias y mineras sacuden el país. Por el contrario. Según lo mal que funcionan las cosas para tantos en Colombia, más bien parecen reencarnaciones de Job, el paciente personaje bíblico. Notorio contraste con los países del vecindario.

Cuando congresistas del Polo destapamos -porque lo tenían tapado- que poderosas empresas nacionales y extranjeras, asesoradas por firmas como Brigard & Urrutia, del embajador de Colombia en Washington, violaron la ley para despojar al campesinado de decenas de miles de hectáreas de tierras de reforma agraria, algunos nos tratan como cuasiculpables y contribuyen con el tapen-tapen de tres maneras.

Además de las orientaciones que le dio a Riopaila Castilla, Brigard & Urrutia Abogados también le indicó a la trasnacional estadounidense Cargill cómo apropiarse ilegalmente de 40 mil hectáreas en el Vichada, que podrían ser más con el avance de las investigaciones (Portafolio ha hablado de 90 mil hectáreas).

El artículo 72 de la Ley 160 de 1994 determina que las tierras baldías del Estado solo se les pueden adjudicar a pobres del campo y en extensiones de una UAF –área que varía según la región– y que nadie podrá comprar esas fincas para sumarlas con otras del mismo origen y constituir una gran hacienda.

Hace un año, en respuesta a la pregunta de un periodista, afirmé que al país le iba a ir bastante mal en el TLC con Estados Unidos, porque, entre otros daños graves, los análisis dejaban ver que las importaciones de productos norteamericanos aumentarían bastante más que las exportaciones de bienes colombianos.

Aunque suene increíble, porque parece una provocación, en pleno paro de los cultivadores de papa contra la ruina que les provoca el libre comercio, los partidos adictos a las canonjías que otorga la Casa de Nariño –Liberal, Conservador, Cambio, Verde y Pin– aprobaron en el Congreso la Alianza del Pacífico.

Por considerarlos regresivos, y para dictar sentencia favorable en una demanda de congresistas del Polo, la Corte Constitucional declaró inexequibles tres artículos del Plan de Desarrollo con los que Santos y Restrepo intentaron fortalecer su modelo agrario a la medida de los monopolios nacionales y extranjeros.

Es verdad que Juan Manuel Santos traicionó a Álvaro Uribe. Se cumplió la advertencia de Daniel Coronell cuando en la campaña electoral dijo que Santos era el único uribista capaz de traicionar a Uribe, hecho que explica su estrellón.

La reforma a la salud de Santos y Gaviria es la peor desde 1993. Porque retrocede hasta esa fecha lo conquistado hasta hoy en salud, conspira contra la tutela con la que se defiende la gente, vulnera la autonomía médica y mantiene unas relaciones laborales inicuas, sigue el negocio financiero del aseguramiento.

Ante el impresionante paro cafetero y cacaotero –¡de 12 días y 100 mil productores en 11 departamentos!– saltaron dos grandes posiciones: