Crean subsidio para el empleo formal, ¿y el resto?

José Adrián Monroy

El presidente de la República expidió el decreto legislativo 639 del 8 de mayo de 2020, con el que se pretende lanzar un salvavidas a las empresas y así prevenir un mayor descalabro económico por cuenta de la pandemia.
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En este decreto, el Gobierno nacional anuncia el lanzamiento del programa “apoyo al empleo formal”, subsidiando hasta el 40% de la nomina de empleados de las empresas que cumplan estas condiciones: Que sus ingresos se hayan reducido por encima de un 20 % durante el mes de abril, comparado con el mismo mes del año pasado y que sean empresas formales constituidas antes del 1º de enero de 2020.

La solicitud del beneficio debe hacerse ante una entidad bancaria adjuntando estados financieros avalados por los contadores y revisores fiscales, y la presentación de la planilla integrada de pago a la seguridad social. Una vez recibidos los documentos junto con sus soportes, se enviará la información para que sea analizada por la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (Ugpp), con el fin de confirmar su veracidad y así evitar fraudes.

De esta manera, se podrán acceder a los 2 billones de pesos mensuales que dispondrá el Estado para sopesar la crisis laboral que se vive y la gran tragedia que se avecina, por eso es urgente e inaplazable que se utilicen todos los mecanismos viables para evitar que gran parte del empleo formal se derrumbe, toda vez que, son las empresas legalmente constituidas las que pagan impuestos, aportes a salud, pensión, pagos parafiscales, y de servicios públicos. No hay que olvidar, como lo cité en escritos anteriores, que según Acopi, las Mipymes representan más del 96% del tejido empresarial ya que generan más de 17 millones de empleos, aproximadamente el 80% del empleo legalmente establecido de nuestro país.

Ahora bien, se debe reconocer el esfuerzo que hace el gobierno del presidente Duque para mitigar el impacto que generó el coronavirus en la economía del país, pero se ha quedado corto, primero, en hacer que las medidas tomadas sean realmente ejecutadas como en el caso de los bancos, y segundo, no conozco hasta el momento una ayuda efectiva que cobije a todos aquellos que viven del día a día y se mantienen en la informalidad.

Basta recordar, que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), para el trimestre comprendido desde noviembre del 2019 a enero del 2020, la tasa de informalidad en Colombia es del 46.6%, prácticamente la mitad de los trabajadores del país. En Ibagué, se registró una tasa de informalidad del 54,2%, es decir, por cada 100 trabajadores qué hay en la capital del Tolima, 54 son informales.

Por lo tanto, también es importante que desde el Gobierno nacional se aproveche este momento de crisis para generar una oportunidad que permita un cambio en el sistema laboral por uno de calidad e inclusivo; no se trata de que seamos “atenidos”, como dijo la vicepresidenta, se trata de buscar el beneficio de todos.

JOSÉ ADRIÁN MONROY TAFUR

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