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El país, sin embargo, no dimensiona la gravedad de la amenaza, ya sea porque se acostumbró a la violencia que registran los medios y solo le pasa “a otros”, o distraído por los escándalos y camorras políticas y por la basura que corre por las redes.
No obstante, la amenaza es real. Según las cifras del Ministerio de Defensa, en 2023 el secuestro aumentó 72% y, según la Policía Nacional, a octubre se habían presentado 8.551 denuncias de extorsión, un delito que aterroriza a las víctimas y, por ello, es de altísimo subregistro. Baste decir que, según Global Initiative, que le hace seguimiento a la criminalidad en 193 países, Colombia ocupó en 2023 el segundo puesto en el Índice Mundial de Crimen Organizado y el primero en América.
Para la ganadería, víctima de estos delitos por parte de la guerrilla y los llamados paramilitares en su momento, la extorsión nunca se fue y hoy la practican los herederos narcotraficantes de unos y otros. La situación es crítica en el Caribe y el Magdalena Medio, paradójicamente las regiones priorizadas por el Gobierno para compra de tierras con destino a Reforma Agraria, pero también en Caquetá y en los Llanos, entre otras.
Esa es la amenaza efectiva, pero me preocupa más la amenaza latente. En los 90, ante la incapacidad del Estado frente a la violencia guerrillera, Gaviria creó las Convivir, reglamentadas por Samper en 1994, para prestar servicios privados de vigilancia armada en el sector rural, actos administrativos que tuvieron control de constitucionalidad, pero los Gobiernos fueron incapaces de controlarlas. El resultado: las Autodefensas Unidas de Colombia y el escalamiento de la violencia.
Me preocupa que, ante la falta de protección del Estado y la amenaza contra los bienes, la libertad y la vida de los ganaderos, si no se someten a la extorsión de grupos criminales con control territorial, el miedo y la necesidad de protección vuelvan al sector rural o resucite la idea de unirse y armarse.
FEDEGÁN se anticipa a la amenaza con la vinculación del general (r) de la Policía Nacional, Fernando Murillo, exdirector del Gaula y la DIJIN, para crear mecanismos de alerta temprana y de articulación con la Fuerza Pública, para prevenir el secuestro, la extorsión y el abigeato, y así evitar otra vorágine de violencia rural en la que los ganaderos vuelvan a ser las primeras víctimas.
La ganadería hace presencia en 1.105 de los 1.122 municipios, como expresión de soberanía en el territorio y listos para colaborar con la Fuerza Pública. Por ello, que no nos dejen otra vez solos frente a la delincuencia es nuestro clamor al Gobierno y al país; que aprendamos de la historia… y no la repitamos.
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