6402

Fue entregado por la JEP —Justicia Especial para la Paz—, tras un largo trabajo de cotejo; de recibir testimonios voluntarios, incluso de militares involucrados; de estudiar documentos de la Justicia Penal Militar, obtenidos hasta en operativos judiciales; de analizar cifras de organizaciones respetables que incluían las listas del horror. Son muchos los que han hablado, en Colombia y en el exterior, sobre los mal llamados “falsos positivos” que no son más que asesinatos selectivos realizados por agentes armados del Estado. 

Esa es la cruda realidad. Algunos, muy pocos, de quienes deben estar protegiéndonos, se convirtieron en verdugos y mataron a mansalva a civiles inocentes para recibir medallas, días de descanso y hasta dinero, todo manchado en sangre. La JEP, esa corte creada para establecer la verdad y las responsabilidades alrededor del conflicto armado en Colombia, gracias a la Justicia Transicional existente en el ordenamiento jurídico internacional y contemplada por la constitución colombiana, puso el dedo en lo más profundo de la llaga. 

Su resultado contempla estudios hechos durante años por entidades internacionales como la Oficina para el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; de entidades tradicionales y serias como el Cinep; y de organizaciones defensoras de las víctimas como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que ha tenido serias diferencias con el uribismo, lo que no la inhabilita para investigar, denunciar y opinar. 

Sea 1 o 6402, el número debería asquearnos a los colombianos, debería llevarnos al repudio nacional para que en un solo clamor exijamos justicia, como en 1999 cuando gritamos ¡No más! contra el secuestro; o como cuando en febrero de 2008 protagonizamos la movilización ‘Un millón de voces contra las Farc’, número que superamos ampliamente todos los que estábamos hastiados del terrorismo de esa guerrilla narcotraficante. 

Ese día fue el verdadero comienzo del fin para las Farc. Contrario a lo que muchos aseguran, no fue con la muerte de sus jefes en bombardeos militares, las Farc comenzaron a derrumbarse cuando conocieron la dimensión del rechazo popular. ¡Pero no! Tristemente no lo hemos hecho. Los colombianos no hemos podido ponernos de acuerdo ante los “falsos positivos”, un nefasto episodio de nuestra reciclada historia de guerra. 

En algún momento decidimos casarnos con el discurso divisionista de políticos que nos clasificaron a todos como buenos o malos, como fascistas o mamertos, como paramilitares o guerrilleros. Nos polarizaron a extremos insospechados y hoy solo existe la derecha o la izquierda porque a los que queremos ser de centro nos ningunean llamándonos “tibios”. Los 6402 asesinatos registrados por la JEP habrían ocurrido entre los años 2002 y 2008 cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente, sin que esto lo convierta en directo responsable. 

Sin embargo, es imposible olvidar que cuando era Jefe de Estado aseguró, ante la muerte violenta de algunos de esos jóvenes, que “no estarían recogiendo café”. ¿Es el único que tiene que responder sobre lo sucedido? No. Sus ministros de Defensa, Juan Manuel Santos incluido, deben ponerse a la orden de la justicia para permitirle al país conocer la verdad. 

Pero indudablemente la inmensa responsabilidad es de nosotros los colombianos al no exigir al unísono el esclarecimiento de lo sucedido, antes que crucificar a los magistrados que solo cumplen con su trabajo. En el macabro juego de “un muerto bueno”, apelando a otra desafortunada frase de Álvaro Uribe, los ciudadanos en general perdimos la capacidad de asombrarnos ante el dolor de las víctimas y entender que esta guerra, que tantos muertos, mutilados y desaparecidos ha costado, es de todos.