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Lo ocurrido en Tasajera, así como las manifestaciones ante el Gobierno nacional, representan justamente las desigualdades y las enormes brechas sociales que existen en Colombia, esa Colombia del “realismo trágico” en donde en tiempos de cuarentena, el Fiscal y el Contralor deciden pasar tranquilamente una aventura en la paradisiaca isla de San Andrés.
Reclamos como el de los estudiantes de las instituciones de educación superior, quienes han exigido que se otorgue gratuidad en el costo de matrícula para el próximo semestre, hacen parte del diario vivir en esta nueva realidad, pese a las vías de hecho y que en el caso de la Universidad del Tolima, incluyó la toma arbitraria del campus violando todos los protocolos de bioseguridad.
El caso de la UT es bastante sencillo. A diferencia del Conservatorio del Tolima a donde se requerían únicamente 550 millones, en el alma mater se necesitan alrededor de 14 mil millones de pesos para otorgar matrícula cero, de los cuales, la UT de sus propios recursos ya invirtió 5000 para garantizar a los estudiantes más necesitados, tabletas y conectividad. Así mismo y para garantizar el acceso a nuevos aspirantes, de acuerdo a su panorama financiero, la U del Tolima otorgó gratuidad de las inscripciones y un descuento del 20% en los costos de matrícula, sumado a los descuentos existentes que representan una inversión considerable para una universidad que recién sale de una crisis de 25 mil millones de pesos de déficit.
No obstante, y teniendo en cuenta el anuncio del Gobierno Nacional de girar cerca de 3000 millones, se le ha solicitado al gobernador Orozco, inyectar 6000 millones de pesos para atender las necesidades de un 80% de los estudiantes de la UT que se encuentran ubicados en los estratos 1 y 2, y hoy esa debe ser una muestra de liderazgo y esfuerzo conjunto ante los requerimientos de los jóvenes del departamento.
No podemos ser inferiores a eso, así como tampoco podemos desconocer que la UT ha cumplido hasta el momento. ¿Cumplirán los demás?
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