Las capas medias y el proletariado colombianos deberían estar de plácemes: este pasado domingo, una singular batalla popular cumplió 20 años; a través de ella se echó abajo uno de los muchos decretos con los que se diezmaba al aparato estatal, entregando sus más importantes funciones, servicios e instituciones al capital privado y convirtiendo en mercancías valiosísimos derechos de la población.

Esa ola privatizadora fue la que finalmente dejó al país sin Ferrocarriles Nacionales, sin Puertos de Colombia, sin Banco de los Trabajadores, Banco de Colombia, Corpavi, Banco Popular; sin participación accionaria del Estado en el IFI, en Álcalis, Papelcol, Renault y con la dolorosa pérdida de Telecom.

El sistema de salud también resultó afectado. Mediante la nefasta Ley 100, cuyo ponente en el Congreso se hizo conocer después, desde la Presidencia de la República, por un poncho y un perrero, se acabó con el derecho de la población a la salud al convertir el apetitoso bocado de sus recursos parafiscales en campo de rapiña para el capital privado.

Aunque su propósito confeso era el de generar competencia para bajar costos y mejorar la eficiencia y la calidad del servicio, lo cierto es que produjo resultados contrarios, pese a que se entregaron valiosos activos a precio de huevo a los operadores privados.

En el solo gobierno de Gaviria, 61 entidades entraron en capilla ardiente, salvándose exclusivamente el Sena. El decreto 2149 de 1992 transformaba sus centros de formación en “corporaciones” que pasarían a manos del capital privado, sin que quedara ninguna garantía de la gratuidad con que se impartía la capacitación, al tiempo que los trabajadores perdían toda injerencia en la administración de la Entidad, no obstante, que había sido fundada y sostenida por ellos con uno de los cinco puntos que antes recibían por subsidio familiar.

Por fortuna, el Sena contaba por entonces con una disciplinada base laboral que se dio a la tarea de sustraerlo de ese embeleco neoliberal. Empeñada en tal propósito, llegó a movilizar a cientos de aprendices y egresados y a recoger más de un millón de firmas en respaldo popular al proyecto de Ley que hoy conocemos como la Ley 119 de 1994, la cual tiene el mérito adicional de ser la primera, y tal vez la única, Ley de Iniciativa Popular.

Lamentablemente no han parado los embates contra esta institución. La pasada reforma tributaria echó por tierra los aportes parafiscales, que eran los que la ponían a salvo de las insuficiencias, desvíos y malversaciones presupuestales del Gobierno nacional. Por eso no es halagüeño el futuro que le espera, a no ser que nos demos nuevamente a la tarea de defenderla.