En algún comentario anterior llegué a manifestar mi inconformidad con los rituales de cada año, a través de los cuales se pretendía concertar entre Gobierno y centrales obreras el incremento del salario mínimo legal para el respectivo año siguiente.
Tal inconformidad radicaba en que las conversaciones se adelantaban en momentos de indefensión del movimiento obrero, ya que coincidían con una época, la navideña, en la que resultaba prácticamente imposible movilizar a los trabajadores en procura de unas condiciones laborales que hicieran posible una vida digna para ellos y sus familias.
Pero también porque las negociaciones terminaban en una especie de nueva batalla entre David y Goliat, pero con un David –los trabajadores- sin piedra, sin honda y sin Dios por compañía, y un Goliat –el empresariado- de imponente estatura, vigoroso, músculo, con la mejor espada y el mejor escudo y, sobre todo, con Jehová de su lado, es decir, con un Gobierno siempre dispuesto a ponerse a su favor.
Pero las cosas cambian y también las expectativas; sobre todo las de la dirigencia sindical, que ha avizorado con preocupación un futuro sin huestes, luego de un largo período en el que, salvo contadísimos integrantes de excepción, dejó desteñir su condición de clase para terminar como amanuense de la oligarquía, dispuesta a recibir y atender gustosa la orden de firmar el respectivo y mentiroso aumento, o dejar sin chistar que fuera el Gobierno el que lo suscribiera.
Esas nuevas expectativas están representadas en organizaciones como Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, que han irrumpido en la realidad nacional con una dirigencia fresca, incontaminada, que ha sabido apoyarse en sus bases para adelantar jornadas tan meritorias como los pasados paros campesinos.
Estas nuevas organizaciones ya venían anunciando su propósito de realizar un paro nacional, y a las centrales obreras no les quedó más remedio que adelantarse y programarlo para el próximo 17 de marzo, contando con el apoyo de los transportadores de carga, los maestros, los estudiantes, los trabajadores de la salud y ojalá, a la larga, un infinito etcétera.
Las motivaciones del paro no pueden ser más justas: la revisión del aumento salarial, que ya ha sido consumido por una desbordada carestía; el rechazo a la venta y el despilfarro del patrimonio público, que han tenido su clímax en Isagén y Reficar; la crisis de la salud y de la educación; el exagerado precio de la gasolina; las explotaciones mineras ajenas a todo principio soberano; la anunciada reforma tributaria contra los trabajadores; y, así como las anteriores, muchas otras reivindicaciones más, incluidas las demandas regionales, a las cuales la ciudadanía brindará todo su apoyo.
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