“La ley se obedece pero no se cumple”

Y tal principio pasó a “las Indias”, o sea aquí, cuando nacían en ellas las primeras instituciones republicanas, fruto de los primeros pasos que daba la independencia de la secular dominación ibérica, permeando nuestra incipiente sociedad y enquistándose en ella hasta hoy, constituyéndose en la principal fuente de desacato normativo y dándole explicación a nuestro inefable y permanente desorden social.

Todo ello, a pesar que nuestra nobel Constitución nos califica hoy como “Estado Social de Derecho” y lo orgullosos que nos sentimos al autodefinirnos como “país de leyes”, siempre listos para dar la batalla por la legalidad, así como de tener diseminados por doquier un abultado número de facultades de Derecho, –tres solo en la ciudad de Ibagué-, y un correlativo número de egresados de ellas, lo que llevaría al más desprevenido de los observadores a considerarnos el paraíso del orden, la justicia, la ley y el respeto a los derechos de los demás.

No el país del precario ordenamiento que tenemos, que impide que podamos definirnos como un Estado que ni siquiera ha alcanzado estándares mínimos de modernidad, donde el imperio de la ley es poco menos que deficiente, como lo ha demostrado “la desobediencia civil” y el propio comportamiento de las autoridades encargadas de su cumplimiento frente a las medidas de protección y resguardo del coronavirus, con una de las desigualdades sociales más radicales del orbe, una justicia que no se imparte por igual a todos, invadidos por la corrupción de esta (al punto que hasta “cartel de la toga” hemos tenido) y de la administración pública, sin que a los culpables “de cuello blanco” nada les ocurra, con una seguridad ciudadana deplorable, con unos servicios públicos esenciales ineficientes y donde para obtener la atención del poder público y de la justicia, el ciudadano del común requiere la mediación clientelista.

En resumen un Estado débil, incapaz de obtener la vigencia plena del derecho, el acatamiento de la ley, el orden social más elemental y el respeto a la Constitución; sólo formalmente el Estado de Derecho que nos decimos ser, donde igualmente se respetan las normas solo formalmente dentro de las llamadas “mitologías jurídicas de la modernidad”, ya que hemos construido nuestro ordenamiento con desapego a la tradición y la cultura propias, acostumbrándonos a vivir sin respeto por la ley dada su impotencia para ordenar la vida colectiva y política de la sociedad, inclinados por el contrario a acatar unos órdenes familiar y religioso, aldeanos y parroquiales, sustentados más en la tradición que en las bondades racionales de la legislación.

La consecuencia es una sociedad descuadernada donde los códigos y las leyes se aplican sin desentrañar jamás nuestra complejísima realidad y sin que importen mayormente los fundamentos morales y culturales de la sociedad que los sustentan.