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El ejercicio del poder por parte del Estado es ejercicio de fuerza por tener supuestamente el monopolio de las armas, pero es fuerza legal, y cuando a través de las instituciones ejerce dicho poder institucional pero desbordado y violentando derechos fundamentales, la Sociología y Criminología la llaman violencia institucional, como la ejercida en las prisiones declaradas en “estado de cosas inconstitucional”-como las encontró la Corte Constitucional desde 1998 y lo reiteró en 2015-. Para corregir dicha situación ilegal este Tribunal ha dado varias órdenes, entre otras la que exige no recurrir al populismo punitivo para no seguir atestando cárceles, ni Uris-Fiscalía, ni Estaciones de policía.
Además le ordenó estructurar una “política pública de concientización ciudadana… sobre los fines del derecho penal… orientado al reconocimiento de alternativas sancionatorias… y al reconocimiento de las limitaciones de la prisión para la resocialización…” (2015). Pero en lugar de esto, el actual gobierno promovió la aprobación de la cadena perpetua para saciar la sed ciudadana y garantizar consenso a su alrededor.
Es en este contexto en que se presenta el reciente incendio en la Estación de Soacha, con 9 prisioneros quemados y muertos, sumándose a los que en las mismas circunstancias y en este mismo gobierno habían muerto en la cárcel La Modelo en marzo de 2020: según el reporte de las organizaciones Independent Forensic Expert Group y el International Rehabilitation Council for Torture Victims murieron 24 prisioneros y 107 resultaron heridos mientras protestaban por mejores condiciones sanitarias para afrontar la pandemia, contrario a la versión de la Ministra de justicia de la época, para quien se trataba de un intento de fuga.
Ya nuestro país formaba parte de la lista negra con prisiones incendiadas y muertes macabras: en abril de 2000 murieron 32 en La Modelo de Bogotá, contribuyendo a la cifra de incendios inhumanos en prisiones del mundo, como las de Perú con más de 100 en Octubre de 1992, la de Maracaibo con 120 en Enero de 1994, la de Honduras con 107 incendiados en Mayo de 2004, la de República Dominicana con 135 en Marzo de 2005, y para qué seguir. Y la última de Soacha causa además estupor por haberse realizado en una Estación de Policía que sólo cumple como sitio de reclusión de paso transitorio, lugares espantosos en los que el hacinamiento de 139% es mayor que el de las prisiones ordinarias: junto a las URIS-Fiscalía mantienen más de 18.500, cuando en condiciones “tolerables” sólo deben aceptar 7.747 reclusos, superando de largo la capacidad de los escasos 2.300 policías que deben, sin la formación que exige el Código Carcelario, cumplir misiones de “guardias penitenciarios” para la resocialización (según el director del INPEC gracias al Decreto de excarcelación por la pandemia el hacinamiento en las cárceles disminuyó, de 126.000 prisioneros que había, a 98.000). Y tal como sucede en nuestro país con lo prometido como excepcional -para que sea aceptado-, se vuelve permanente: más de 2.700 reclusos de las Estaciones o URIS ya están condenados a pesar de haber llegado “transitoriamente”, algunos desde 2015, aunque debían estar allí solo mientras transcurría la investigación.
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