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¿Y entonces por qué se insiste en ella? La respuesta no puede ser sino que, con ella, se busca cumplir funciones diferentes a la de combatir dichas drogas. En efecto, tanto populismo punitivo de los gobiernos contra las drogas, tanta amenaza de utilizar glifosato contra las comunidades, tanto sensacionalismo con la extradición del jefe del Clan del Golfo, enfrentamientos con la Corte Constitucional, etc, para obtener de todas formas pobres resultados: según registro de octubre 2022 de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Unidoc, los cultivos de coca en 2021 alcanzaban niveles históricos en Colombia, manteniéndose la tendencia al incremento que viene presentándose desde 2014.
Efectivamente, mientras en 2020 el área sembrada con coca era de 143.000 hectáreas, en 2021 ascendió a 204.000, y mientras la producción de cocaína registrada oficialmente en 2020 era de 1.228 toneladas, en 2021 lo fue de 1.400 ton. Casi el 90 % de los cultivos de coca ha estado en los mismos lugares desde hace 10 años, por ejemplo con un 13 % en cabeceras municipales, facilitando así la integración de las ganancias ilícitas con los flujos económicos lícitos, proporcionando mayor oferta y demanda de bienes y servicios.
Demuestra igualmente la nueva investigación que el rendimiento anual del cultivo de coca por hectárea no es mayor en las regiones fronterizas de la Amazonía, Putumayo y Caquetá (6.900 Kg. por ha), sino en la región central de Antioquia, Eje Cafetero, Cundinamarca y Boyacá (7.700 Kg. por ha).
Se confirma asimismo el “efecto globo” que genera la represión concentrada en ciertos sitios, pues el boyante negocio se reproduce automáticamente en otro; por ello Unidoc verificó que: 1) se ha optimizado el número de plantas por hectárea; 2) los lotes de coca fueron reemplazados por cultivariedades más productivas, y 3) el uso de agroquímicos se ha extendido considerablemente. Gracias a todo ello la producción potencial de hoja de coca fresca pasó de las 308.500 toneladas en 2014 a 1.134.700 en 2021, registrando ahora que los cultivadores optaron por cultivos pequeños, aislados e itinerantes con tendencia a la densificación, con mayor cantidad en menos territorios, gracias a este nuevo modelo agroindustrial. De esta manera la cadena de suministros permanece intacta en los mercados de los EE.UU. y en Europa, con tendencia al aumento del consumo.
Los resultados de la investigación sirven para verificar una vez más que la represión penal sigue engordando el negocio ilícito de las drogas prohibidas y que la única reducción verdadera se ha producido gracias a la intervención de políticas diferentes a la de la demagogia punitiva, por ejemplo mediante, 1) la implementación del Programa Nacional Integral de sustitución de cultivos ilícitos, y 2) los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial Pdet, implementados entre 2018 y 2020, que forman parte de los acuerdos de paz. No han faltado los enemigos de estos acuerdos para, por el contrario, endilgarles responsabilidad por aquel incremento, lo mismo que a la Corte Constitucional por anteponer a la política prohibicionista derechos fundamentales de las comunidades a la salud, al medio ambiente, etc, como si no fuera solo de finales de 2021 (T-413) la orden de este Tribunal de derechos al Gobierno anterior de prohibir la aspersión con glifosato que contemplaba su fracasado Plan de Manejo Ambiental por violar el derecho de participación de las comunidades afectadas.
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