No tengo elementos para comentar esa decisión, e ignoro los particulares del problema. Pero sí quiero referirme a la euforia que este hecho ha despertado entre algunos ambientalistas, activistas y observadores. 

¿En qué consiste esa euforia? Empecemos con diferenciaciones. 

Hay quienes han celebrado la decisión de Piedras porque, conociendo los antecedentes, la consideran justa y correcta para el caso en mención. 

Pero hay otra cara de la euforia: la de quienes no sólo aplauden lo sucedido en Piedras, sino que también se han entusiasmado con el mecanismo de la consulta popular, e invitan ahora a que se use en todo el país para rechazar los “macroproyectos”. Seguramente habrá propuestas de consulta popular contra minas de carbón, minas de oro, áreas de exploración y explotación de petróleo, o incluso todo lo anterior. 

Los argumentos que llevan a estas personas a oponerse a dichos proyectos serían materia de otro debate. Por ahora me limitaré al asunto del mecanismo. 

¿Cree alguien sinceramente que el recurso indiscriminado a consultas populares constituye una forma racional de planificación y ordenación del territorio? Yo claramente no lo creo: el territorio, como elemento común en nuestras vidas, debe ser objeto de una planificación donde se consideren las necesidades y las inquietudes de todos; donde se considere lo que necesita nuestra nación, y la disponibilidad de recursos para atender tales demandas. Y todo ello teniendo como guía objetivos comunes de desarrollo y bienestar social. 

Una “operación avispa” de consultas populares sería todo lo contrario: una expresión descoordinada de inquietudes particulares y microlocales. Como una colcha de retazos, no podríamos pensar el territorio como elemento para el bienestar común de la Nación, pues tendríamos que atenernos a lo que en cada localidad han decidido que se puede y no se puede hacer. Basta imaginar, por ejemplo, que en todos los municipios con potencial hidroeléctrico rechazaran tal cosa con consultas populares: ¿dejaríamos entonces al país sin energía?

Esto traería además preocupaciones constitucionales. El principio de prevalencia del interés general quedaría completamente desinflado. Y entraríamos al absurdo de que, vía consulta popular, se prohíba el ejercicio de actividades económicas lícitas, es decir, de un derecho fundamental.