Aún se tienen fresca la imagen del efecto político que produjo la llamada séptima papeleta, nunca escrutada, que solicitaba la urgencia de un proceso constituyente que se propusiera superar la anacrónica constitución política de 1886, que presidió la vida nacional durante poco más de un siglo bajo la mirada de una estructura institucional y política fuertemente autoritaria, conservadora y confesional, que hoy algunos sectores aún extrañan.

Pero la séptima papeleta fue la expresión mediática de una agitación política y social que sentía que esa constitución no era el pacto social que se requería para una nación más urbana, con mejores condiciones de desarrollo y con una creciente participación de la mujer en todas las esferas de la vida colombiana. Estos movimientos sociales tenían diferentes expresiones, que iban desde movimientos cívicos que reivindicaron la democracia local y la descentralización, o de formas guerrilleras que exigían mejores condiciones para el ejercicio de la política o grupos de sindicalistas que clamaban por el respeto del derecho a la organización sindical o a la protesta justa. Es decir era un país el cual sentía que sus formas jurídicas habían perdido vigencia y se convertían en una camisa de fuerza que impedía su modernización.

Al revisar el momento histórico de la expedición de la Constitución de 1991, se puede señalar que fue la culminación de un doble proceso: por un lado el cierre de un proceso de paz con algunos grupos guerrilleros, especialmente con el M19, que permitió que este grupo tuviera una representación muy importante en la Constituyente y por otro, la consolidación de las expresiones de democracia local que se venían implantando en el país por medio del proceso de descentralización que se expresaba en la elección de Alcaldes. Este proceso se inscribe en la discusión sobre el papel que debía cumplir el Estado en la actividad económica y en el reverdecer de las propuestas neoliberales y en el marchitamiento del Estado del bienestar y del intervencionismo propuesto por el keynesianismo y la Cepal. Ello le permitió al Presidente Gaviria, señalar en el momento de firma de la nueva constitución, identificarla como un pacto de paz para la nueva Colombia.

Al confrontar el texto de la Constitución se puede identificar que la estructura del documento expresa dos tendencias claramente divergentes: en lo político la Constitución es garantista, tanto de los derechos de primera y segunda generación, como de los derivados de nuevas conceptualizaciones como los derechos de tercera y cuarta generación que tiene que ver con la convivencia social, la defensa de la democracia local, de la libre competencia y los del ambiente sano. En lo económico es neoliberal, al promover la reducción sistemática del tamaño del Estado con el convencimiento, a priori, de que la acción del sector privado es más eficiente y eficaz que el sector público, lo que ha llevado a la venta, a precios de liquidación, de activos económicos de la nación y de las entidades territoriales. Así, se privatizaron los servicios públicos, la energía eléctrica y de gas, la infraestructura (las 4G), la salud y se trató de hacer con la educación y con la seguridad (las Convivir de Álvaro Uribe).

Pero el garantismo de la Constitución, pensado para la protección de los sectores excluidos y vulnerables, ha sido utilizado por el gran capital para fortalecer su capacidad dominante y protegerse de las exigencias y obligaciones sociales derivadas de su posición y hoy en día nos encontramos en la paradoja de que lo que se consideraba en el pasado como una acción subsidiaria de las funciones estatales, las actividades del sector privado, hoy son la norma y lo subsidiario es la acción estatal. Así, por ejemplo, en los servicios públicos, lo que se protege por encima de todo es la libre competencia y no el derecho del ciudadano al agua o al ambiente sano. Igual discusión se presenta con la producción minera que, en nombre de la libertad de empresa, se quiere pasar por encima de los derechos colectivos de comunidades afectadas. O los trazados de las 4G que no toman en cuenta sus efectos sobre las poblaciones por las cuales cruzan. O, recientemente, la construcción de VIP en Bogotá sobre tierras de protección ambiental o irrespetando territorios ancestrales de comunidades indígenas.

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