¡Y se lanzaron al ruedo!... el emergente grupo político de las Farc -Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común- anunció sus candidatos para ocupar los espacios en el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes, cupos que fueron asegurados por el acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno nacional y los exguerrilleros, y que garantiza el paso de las armas a la política.
Pero lo que sorprendió a toda la opinión pública y lo que generó una fuerte reacción por parte de los actores políticos en el país, fue el lanzamiento del candidato a ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto del 2018, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko aspira a la presidencia de la República; su designación, hace más profundas las dudas sobre lo acordado en La Habana e incertidumbre por lo que ya se vive en su implementación.
En cuanto a la participación en política, los acuerdos contemplan lo siguiente: “La imposición de cualquier sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”.
Si seguimos literalmente lo que dice el acuerdo, ningún guerrillero podría pensar en participar en política, puesto que todavía no se ha aprobado por parte del congreso la JEP, Justicia Especial para la Paz, justicia transicional que pretende juzgar los delitos cometidos por los guerrilleros con ocasión al conflicto armado.
Entonces aún, sobre Timochenko, por ejemplo, recaen los 452 años de cárcel a los que ha sido sentenciado por la justicia colombiana, lo que implica que tiene antecedentes penales y por ende no puede aspirar a ocupar ningún cargo de elección popular, inhabilidad que, por demás, está establecida en la Constitución Política.
Son estas las cosas en las que falla el gobierno del presidente Santos, debido a que en él recae la responsabilidad de articular las ramas del poder público para que fluya la implementación de los acuerdos; así que, no puede ser posible que el Consejo Nacional Electoral le haya reconocido Personería Jurídica al nuevo partido político de las Farc, si sus miembros o militantes no han iniciado el proceso de verdad, justicia y reparación ante una JEP que virtualmente no existe.
Ante esta situación me pregunto: ¿se permitirá que el partido político de las Farc inscriba listas de candidatos a Senado y Cámara?, ¿será que el Congreso aprobará la Justicia Especial para la Paz y a qué costo? Espero que todo se resuelva para el bien, la estabilidad y el orden de nuestro país; finalmente, no hay que tenerle miedo al partido político de las Farc porque es la oportunidad de ganarles con votos lo que ellos no consiguieron a bala.
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