El Pacto Histórico presentará en la próxima legislatura una propuesta de reforma constitucional para amnistiar o indultar a condenados por delitos relacionados con narcotráfico y secuestro que vayan a participar en “procesos de paz”.
Uno de los desafíos que tiene la oposición es el de transmitir con efectividad a la ciudadanía sus propuestas y su visión de país. La agenda de comunicaciones, y en consecuencia la agenda política, las determina Petro. No para de hablar ni de trinar y son tantas las cosas polémicas que dice que pareciera inevitable entrar a controvertirlas. Los proyectos de ley gubernamentales tienen las mismas características. De manera que entre unas y otros los medios, los analistas y opinadores se la pasan examinando y debatiendo las ideas y planteamientos de Petro y las voces de la oposición no se oyen sino para cuestionarlas. Las propuestas, al menos por ahora, no aparecen. A su favor, digamos que aún hay tiempo para las elecciones del 26. Para entonces no bastará con contestarle, será indispensable transmitir una propuesta de país, un futuro mejor, una esperanza.
El acuerdo de cese del fuego pactado entre el Eln y Petro, en un acápite denominado “actos prohibidos”, sostiene que “las partes acuerdan no realizar acciones ofensivas. Dicha prohibición incluirá las actividades de inteligencia encaminadas a realizar acciones ofensivas entre las partes”. En otras palabras, elenos y Fuerza Pública se comprometen a no enfrentarse entre sí.
Diez meses de escándalos. El último costó las cabezas de Laura Sarabia, la “mano derecha” de Petro según él mismo la describió, y de Benedetti. Se suma a muchos otros, desde el nombramiento de amigotes de Verónica sin ningún mérito ni capacidad hasta las nacionalizaciones exprés y los contratos a españoles con antecedentes criminales, por ejemplo.
En los primeros tres meses de este 2023 se han presentado atentados contra oleoductos equivalentes al 44 % de todos los del año pasado. Los secuestros aumentaron un 27 % en el 2022 y saltaron de 160 a 203 casos, apenas 4 menos que en el 2016, el año del pacto de Santos con las Farc. El pasado fue el segundo año con más homicidios desde ese acuerdo. Entre agosto y diciembre del 22 asesinaron 72 líderes sociales, un 6 % más que en el mismo período del 21. Este 2023, hasta el 15 de abril, se han presentado 32 masacres. Los asesinatos de policías y soldados ocurren todos los días y, peor, Petro les exigen no defenderse.
El nombramiento del general William Salamanca, en retiro después de un enfrentamiento con el entonces director de la Policía, generó polémica.
Demuestra que no había oficiales en activo con capacidad para asumir el mando y que era indispensable traer alguien desde el retiro. La purga de Petro recién asumió la presidencia fue brutal. Barrieron con decenas de generales. Se perdieron liderazgo, mando, conocimiento y experiencia irremplazables. Pasarán años para que la Policía vuelva a contar con un cuerpo de general como el que decapitaron.
Salamanca tiene todas las condiciones para liderar ese proceso de reconstrucción. Contrario a lo que dijeron muchos desde la oposición, a veces tan torpe y tan ciega, es un hombre institucional y un demócrata, no un comunista infiltrado. Es respetado dentro de la Policía y todos le reconocen su lucha contra la corrupción que, desafortunadamente, también se presentan entre los uniformados. Además, tiene carácter, como quedó demostrado en los hechos que dieron lugar a su salida. No se transó, aunque estaba en juego su futuro. Ahora que ya alcanzó el mayor honor posible en su carrera, ser general de cuatro estrellas y director de su institución, tendrá aún menos incentivos para callar.
De manera que Petro y Velásquez se equivocan si nombraron a Salamanca con el convencimiento de que sería una mera consueta o una marioneta.
Ahora bien, el nuevo director de la Policía va a tener un desafío mayor que el que cualquiera de sus antecesores. Uno, porque tendrá que hacer la tarea sin contar con un grupo de generales preparado y con experiencia que lo apoyen. Deberá hacerlo llevando de la mano a los novatos que quedaron, algunos muy buenos pero novatos en todo caso.
Dos, porque el deterioro en materia de seguridad es acelerado y palpable. De todos los problemas, el peor es el narcotráfico. Hay más narcocultivos que nunca en la historia y todos los grupos violentos, sin excepción, y algunos mafiosos extranjeros, están hasta el cuello en el negocio. Los ingresos de esos grupos son extraordinarios no solo por los volúmenes de coca que se producen sino porque son aún mayores por cuenta de la devaluación, de manera que están bien financiados y han mejorado su capacidad logística y de reclutamiento. Para rematar, el Gobierno no solo ha renunciado a combatir a fondo el narco sino que toma decisiones, una detrás de la otra, que los fortalece. Con esos grupos robustecidos, la dinámica del conflicto se agudiza y cada día son mayores los enfrentamientos entre ellos por el control de territorios, rutas y laboratorios.
Para rematar, tres, no contará con el apoyo del Gobierno para cumplir con sus funciones. De hecho, con frecuencia la Casa de Nariño y el MinDefensa serán un obstáculo con el que deberá lidiar. De entrada, no contará con apoyo aéreo. Y, a juzgar por la alucinante condecoración de Petro a los policías secuestrados en el Caguán, van a continuar las órdenes al más alto nivel para que los uniformados no se defiendan.
En consecuencia, cuatro, tendrá que lidiar con un personal desmoralizado y con un fuerte incentivo para la parálisis, para no operar, y, peor, como viene ocurriendo, para pedir el retiro voluntario aún sin cumplir requisitos para la pensión anticipada. Menos mandos, menos personal, menos experiencia y muchísimos desincentivos.
Quinto, la “paz total” es un galimatías, una chapucería inviable que salta de improvisación en improvisación y que ignora la experiencia y el conocimiento adquirido en décadas, y que, sin embargo, define toda la agenda de seguridad del Gobierno o, mejor, la ausencia de ella, y que marca los parámetros de la actuación de la Fuerza Pública.
Y eso nos lleva al último punto: Salamanca deberá caminar en una línea frágil y peligrosa, siempre al borde del abismo, una en la que deberá lidiar con un Gobierno altamente ideologizado y chambón y, al mismo tiempo, cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales y hacerle sentir a la ciudadanía que tiene una Policía confiable y eficiente que protegerá su vida, integridad, libertad y bienes.
El Director de la Policía dijo que en Los Pozos no hubo un “cerco humanitario”, sino un secuestro. Sostuvo también que desplegó unas unidades de apoyo, pero que la “guardia campesina”, a la que Prada había ensalzado como “un instrumento muy hermoso”, amenazó con matar siete de los policías secuestrados si los de apoyo salían de la unidad militar. Agregó que el Ministro había sido “constreñido” y había sido obligado a eliminar la palabra secuestro del documento que negociaban porque de otra manera no entregaban a los policías secuestrados. Y remató con que “prácticamente el señor Mininterior se canjeó por los policías”.
Que el hijo y el hermano de Petro estén señalados de recibir dinero a escondidas y de personas vinculadas hoy y en el pasado con hechos de corrupción y con el narcotráfico, a cambio de favores gubernamentales, destruye de raíz el relato de la izquierda y de quien llegó a la Casa de Nariño.
La exmujer de Nicolás Petro, con pruebas en la mano, lo acusa de favorecerse de su calidad de delfín, de tráfico de influencias, de negociar apoyos de políticos corruptos, como Musa Besaile, a cambio de puestos y entidades estatales, y de recibir centenares de millones de pesos y camionetas de lujo de antiguos narcotraficantes y grandes contratistas. Lo de las bolsas de efectivo parece ser una costumbre familiar.
