Aunque el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia dice que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y eso llevaría a pensar que el Gobierno no tendría por qué consultarle a nadie sus esfuerzos para conseguirla, bien sea por la vía de las armas como se intentó en la era Uribe o por la vía del diálogo como lo hace el actual Gobierno, lo cierto es que la Corte Constitucional declaró exequible el plebiscito sobre el proceso de paz.
Mientras que la Constitución de 1991 cumplió el pasado 4 de julio 25 años teniendo ese artículo 22 como letra muerta, como el derecho que menos se respeta en este país de violentos, como un derecho ideal que desde el principio se quedó sin herramientas para protegerlo pues no se permite ni siquiera una acción de tutela a su favor de acuerdo al decreto 2591 del 91 que la reglamentó; no ha pasado todavía ni una semana desde el aval de la Corte al plebiscito y el país ya está dividido entre los que van por el Sí y los que apoyan el No. Y eso que aún no sabemos exactamente cuál sería la pregunta.
En medio de los insultos, las amenazas y las acusaciones que elevan cada vez más la lucha verbal entre los que apoyan una paz negociada en los acuerdos de La Habana y los que no creen en ella, las estadísticas nos muestran que ha bajado significativamente el conflicto armado en Colombia. Así las cifras parezcan increíbles, tras un año de la tregua y el desescalamiento bilateral firmado entre las partes, el conflicto armado entre las Farc y el estado colombiano cayó a sus niveles más bajos en 52 años, según ha informado el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).
El reporte del pasado 20 de julio dice que las víctimas civiles del conflicto bajaron 98% y que las acciones violentas de las Farc (diez únicamente en todo un año), dejaron sólo cuatro muertos o sea… una cifra menor de las que dejan las riñas de bares un fin de semana en cualquier ciudad grande de Colombia, porque vale la pena recordar que en el país del Sagrado Corazón se registran más de 12 mil homicidios al año. De acuerdo con los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, desde 1958 nuestro conflicto ha ocasionado la muerte de más 220 mil personas, lo que quiere decir que la guerra ha dejado un promedio de tres mil 800 personas anuales, haciendo aún más sorprendente ese dato de cuatro muertes entre julio de 2015 y julio de 2016.
Para mí, no creo que exista mejor argumento que esa pequeña cifra para apoyar los acuerdos de paz, pues es una realidad tangible, comprobable y mesurable, en medio de la desmesura de las acusaciones que los enemigos del proceso le hacen al presidente Santos, a su equipo negociador y a los que se han manifestado públicamente por el Sí.
Los enceguecidos fanáticos del No pueden afirmar que quienes creamos en éste proceso somos de las Farc, auspiciadores del narcoterrorismo o parte del castrochavismo (ese fantasma que recorre el mundo jalándoles las patas a los del centro democrático) y anunciar desde ya que no van a respetar lo que se decida en las urnas porque para ellos todo es ilegal, ilegítimo, lo hace un presidente comunista y guerrillero, que de paso se robó todas las elecciones ¡porque Zuluaga y el Centro Democrático, según ellos, habían ganado sobrados! Pueden poner banderas negras, u ofensivos lacitos negros en el tricolor nacional, promover otra firmatón o decir lo que quieran; pero esos cuatro muertos en todo un año, esa cifra insignificante tras medio siglo de guerra entre el estado colombiano y las Farc es lo más cerca que hemos estado nunca de cumplir ese artículo 22 y de lograr que finalmente la paz sea un derecho de obligatorio cumplimiento.
Por eso no me queda más que decir alegremente: ¡Feliz cumpleaños, Constitución del 91! Ahí te queda ese regalito.
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