La sociedad debe cultivar con urgencia unos valores que se encuentran en crisis en los ciudadanos, unos principios fundamentales en el proceso del desarrollo humano y del relacionamiento con los demás. Uno máximo es la lealtad, proveniente del latín “legalis” que significa “respeto a la ley”, es uno de esos valores en crisis, sobre este gran valor en el proceso de construcción de una sociedad progresista y respetuosa, debemos poner esfuerzo y entusiasmo, en la familia, en la empresa, en todos los escenarios de la vida y sobre todo en la política. 

A lo largo de mi vida pública he reiterado que la seguridad es un valor de la democracia, para garantizar el ejercicio de las libertades individuales y colectivas, es un bien supremo, que solo tiene límites en la legalidad de su ejercicio. Los nuevos fenómenos en materia delincuencial, las nuevas formas de lucha, que buscan la destrucción, el desprestigio de las instituciones del Estado y de la sociedad, obligan a unas nuevas formas de seguridad, una política pública estructural que prevalezca en el tiempo y el espacio, donde es muy importante la inteligencia, individualización y neutralización de esos fenómenos donde prime, repito, la legalidad y los derechos humanos.

Nos enfrentamos a unos nuevos fenómenos sociales en el comportamiento de los ciudadanos, que tienen sendas transgresiones, fruto de un cúmulo de años de luchas y perfeccionamiento de estas, para lograr objetivos desestabilizadores de las instituciones del estado y de las instituciones de la sociedad, tal y como lo definen varios manuales para llegar al poder, sin importar el daño social.

Los gobiernos siempre marcan su estilo, sus acciones le dan identidad, por estas recordaran el gobierno y por supuesto su gobernante. El gobierno del “Tolima Nos Une” interpretó muy bien la crisis y enfatizó el gobierno hacia la inversión social en educación y salud, un real impacto a sectores de la población, que durante años han reclamado el especial interés, este gobierno interpretó además que se debe construir sobre lo construido y en esa ruta ha logrado un buen estilo, cercano a la gente y unas acciones de amplio impacto para los jóvenes, los adultos mayores y las mujeres.

He insistido sobre la crisis en el poder legislativo, en su enorme tamaño y en su ineficiencia, también he criticado su gran dependencia del ejecutivo y su poca visión para encarar los graves problemas de nuestra nación, en pro de dar soluciones estructurales y urgentes a esa gran crisis social y económica en todo el país. 

Inmensos tratados se han escrito, sobre el modelo económico adecuado para estos tiempos y para los países en desarrollo. En América Latina donde el vaivén de las circunstancias políticas ha sido tan inestable y los monopolios se imponen a razón de la fortaleza de sus grupos económicos, la distribución de la riqueza y por ende del crecimiento económico solo se ve en esos sectores poderosos que aumentan el desequilibrio social, la baja calidad de vida de los ciudadanos y por tanto el descontento.

En agosto del 2020 en este mismo espacio, escribí una columna denominada “La verdadera revolución es la educación”, allí me refería y sigo sosteniendo esa tesis, que la educación es la forma para que personas y estados garanticen su progreso y bienestar, la educación hoy más que nunca, debe ser la base de la resolución de nuestros gravísimos problemas económicos y sociales. Una educación básica primaria y secundaria, que se sustente además de su formación académica, en formación en valores y en ciudadanía, para tener seres humanos integrales, que aporten realmente a la construcción de un nuevo país, alejado de la politiquería, la corrupción y la mediocridad.

La agencia Standard & Poor’s, rebajó la calificación de la deuda del Gobierno de Colombia, una acción que de manera directa afectará a los ciudadanos. Este es el resultado de un acumulado de malas prácticas económicas, que aumentaron el gasto público y se agudizaron con la pandemia.

En medio de estas horas difíciles en nuestro país, van creciendo los fenómenos sociales de inseguridad, inequidad, indolencia, insolencia y lo peor de violencia, todos provocados por esa enorme crisis de desequilibrio social, consecuencia lógica de inequidad, injusticia social y por supuesto del no reconocimiento de la crisis. Uno de los poderes más desprestigiados y deslegitimados ante la sociedad, es el congreso de la República, que ha perdido hace ya muchos años su representatividad, independencia y grandeza, no puede ser que en momentos tan difíciles de la nación el poder legislativo del Estado, no esté pensando que aportar y quiera pasar de agache, sin observar la tragedia de pobreza, profundizada por la crisis pandémica, y que tampoco escuchen los gritos incesantes de jóvenes, mujeres, campesinos y demás colombianos, que piden transformaciones ya.

El sagrado legítimo derecho de la libre expresión y la protesta, son derechos que protegen la Constitución y la ley, son también las mejores armas, activos valiosos de los ciudadanos en ese ejercicio de argumentar y reclamar para ser escuchados. Estos derechos deben ser protegidos y garantizados por el Estado y sus fuerzas institucionales, por las fuerzas vivas, la academia, el empresariado, por todos.