Desde hace unos años (quizás cinco) Colombia viene experimentado un sostenido aumento de conflictividad social. Hay quienes afirman que es consecuencia de una ‘falta de autoridad de Santos’ y le demandan una actitud más ‘enérgica’. Pero si bien el gobierno no está exento de responsabilidades (acusa falta de liderazgo y gestión), descargarlas todas sobre él no sería objetivo. Lo que acontece es producto de un acumulado de inconformidad que el cuadro de violencia generalizada que llegó a registrar el país impedía que se expresara en su completa dimensión. La violencia y el miedo inmovilizaban las comunidades. Así, las mejoras en seguridad y la actitud más civilista que hoy tiene la policía han terminado por crear condiciones más favorables para que la inconformidad se manifieste de manera más contundente. En cierto modo, las protestas serían un efecto no deseado de los progresos en seguridad que Colombia vive.

La explosión social no es consecuencia exclusiva de un solo factor sino de varios. Pueden identificarse, al menos, los siguientes: 1. Las mejoras en seguridad. 2. La acumulación de crisis inadecuadamente resueltas o sin resolver. Por ejemplo, en la del Catatumbo como lo expresa la analista Yamile Salinas en Razón Pública, “las preocupaciones sociales, económicas y humanitarias de los marchantes del Catatumbo — que comunicaron mediante el ‘pliego de exigencias del campesinado movilizado del Catatumbo’ el pasado 25 de junio — son casi las mismas que presentaron en el paro del Nororiente en 1987 y se reiteraron en 1988”.  Es decir, dos décadas y media después los problemas allí continúan casi intactos. 3. El efecto mediático global. Las comunidades ahora están mejor informadas de lo que sucede en el mundo, y se ven influidas por las protestas de Brasil, Egipto, Turquía y otras. 4. La frustración de muchas regiones por el reiterado incumplimiento de las promesas gubernamentales; 5. Los efectos no deseados de la locomotora minero – energética, que sin duda sirven de acicate; 6. El surgimiento de una corriente pro indígena.  Pese a que en Colombia los indígenas son minoría (menos del 2%) sí se ha expandido la conciencia de que tienen derechos, conforme a su cosmogonía. Hasta ahora comienzan a verse los efectos de la constitución de 1991, con el desarrollo normativo y jurisprudencial de instituciones como la consulta previa. 7. Un salto de calidad del conflicto armado. La superioridad militar del Estado sobre las guerrillas ha forzado a éstas a cambiar de estrategia y a expresarse más en lo social y en lo político que en lo militar; 8. Los cambios en la economía. Hay detrimento de los sectores agropecuario e industrial. Algunos sectores no pueden competir en una economía abierta a la competencia global y quiebran. El ministro Cárdenas habla de que hay indigestión de TLC y que se abrirá un proceso de fortalecimiento industrial. Enhorabuena.

Reitero que Colombia se está descociendo por falta de un modelo político administrativo eficaz. Esto es más evidente ahora que la provincia despierta del letargo. Ni la guerrilla ni el senador Robledo tienen capacidad para convocar un paro minero o un paro cafetero. No hay que engañarse. En el Paro Minero subyacen varias discusiones. 1. El modelo de gestión político administrativo; 2. Las tensiones entre minería artesanal y minería a gran escala.  3. La capacidad de gestión social de las empresas; 4. Las condiciones de pobreza extrema de la periferia. La discusión apenas comienza. Hay una explosión social que no se resuelve con policía ni buscando culpables ni sacando la oficina de DDHH de la ONU; es indagando las causas de la misma y actuando sobre ellas. Por ahí debería empezarse. No hay que confundirse. La fiebre no está en las sábanas.