Difícilmente la justicia colombiana podría estar peor. No es solo el problema histórico de la impunidad y de la corrupción reinante en el sistema, sino su precariedad para generar valor social. En otras palabras, la justicia no funciona, no es un instrumento eficaz para resolver los diferentes conflictos de la sociedad colombiana, así de doloroso y de simple. El aparato judicial está atascado, burocratizado y politizado.
El escándalo que estalló esta semana en la Corte Constitucional parecería ser apenas la punta del iceberg. Es una situación que enloda y ensombrece la institución jurisdiccional más preciada del país. Por ello es importante que se esclarezca plenamente este incidente. El magistrado Mauricio González ha actuado de forma diligente y proba. Ha hecho lo que tenía que hacer. Ahora es deber del resto de instituciones y personas estar también a la altura, comenzando por el magistrado Jorge Pretelt, quien debe ser el más interesado en que se aclare todo, y ojalá sin causar daño al tribunal. De momento, su defensa deja mucho qué desear, a juzgar por la estrategia de su histriónico y locuaz abogado, más interesado en sembrar dudas que en despejarlas.
Al incidente del presunto soborno al presidente de la Corte se suma la grave acusación hecha por el exmagistrado Nilson Pinilla, quien asegura que siempre ha denunciado las dudosas conductas de Pretelt y su presunta cercanía con grupos paramilitares. Pinilla ha dicho: “Siento en riesgo mi vida y quiero decir que si algo me llega a ocurrir, o a mi familia, ustedes pueden mirar al departamento de Córdoba, porque en el asunto de congresistas involucrados en parapolítica, fue muy frecuente en la Corte ver al magistrado Pretelt solidarizándose para proteger a congresistas, hay vecinos de él en Córdoba, y en su finca es vecino del expresidente Álvaro Uribe”.
Las acusaciones son tanto o más graves que las del abogado Víctor Pacheco, y sería una vergüenza para este país que las cosas quedaran en nada. No. Los colombianos tenemos derecho a saber qué hay detrás de todo esto, y quién es realmente el señor Pretelt. Insisto, las declaraciones de Pinilla son muy graves como para que se nos olviden mañana.
Ahora bien, es desolador es la pasividad del Gobierno, quien se ha limitado a emitir un lánguido comunicado pidiendo celeridad en la investigación, a un organismo que carece de la más mínima credibilidad como lo es la Comisión de Acusaciones, a través del ministro consejero de la presidencia, el abogado litigante Néstor Humberto Martínez. Eso y nada es lo mismo.
Mal estamos, presidente Santos. Los problemas de la administración de Justicia se han acumulado y la crisis ha hecho crisis. El espectáculo no puede ser más vergonzoso y deprimente. El Gobierno no puede limitarse a ser un simple y pasivo espectador. No parece existir otro camino que el de convocar ya a una Asamblea Nacional Constituyente, con o sin proceso de paz, hay que coger el toro por los cachos y reordenar el país. El espectáculo que están dando la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, es patético. Los colombianos merecen respeto.
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