El reconocimiento de las víctimas del conflicto armado fue uno de los elementos que más marcó la diferencia entre Santos y Zuluaga. Mientras este último se mantuvo firme en su posición de no reconocer el conflicto armado interno y desde luego tampoco sus víctimas, el reelegido presidente saco réditos de todos los esfuerzos que ha hecho su gobierno no solo por reconocerlas, sino también por garantizar a través de la ley de víctimas y restitución de tierras, un marco legal para la atención y reparación de los millones de colombianos que han sufrido daños en el marco del conflicto.

Sin lugar a dudas ese ha sido uno de los más importantes logros de este gobierno. Sin embargo, es absolutamente necesario imprimirle una nueva dinámica a esta política, especialmente en el asunto de la restitución de tierras a los despojados y desplazados.

A tres años de haber entrado en vigencia la ley los resultados no pueden ser más preocupantes. La Contraloría General de la República (CGR), a junio de 2013, es decir cuando la ley llevaba dos años de vigencia, había identificado que en todo el país se habían recibido poco más de 43 mil solicitudes de restitución, lo que equivale apenas al 15.2% del total de predios abandonados que en ese momento se calculaba en más de 286 mil. No obstante, lo más grave es que en ese entonces apenas 425 solicitudes lograron con éxito la restitución, lo que indica que ni siquiera el 1% de los procesos iniciados había llegado a feliz término.

Un año después del informe de la CGR, un reporte de la fundación Forjando Futuros con corte a marzo de 2014, indicó que el número de solicitudes de restitución ascendió a 54 mil, y los fallos a 927, es decir que a esa fecha, el 1.7% de los procesos logró concluirse, configurando un pírrico aumento de un año a otro.

En el Tolima, aunque un poco más alentadora, la situación sigue siendo bastante preocupante. Según el último informe de rendición de cuentas de la Unidad de Restitución de Tierras de este departamento, con corte a 30 de abril de 2014 se había recibido 4.709 solicitudes, de las cuales solamente 169 habían sido resueltas por los jueces, es decir, tan solo un 3.6% surtió todo el proceso y concluyó en una decisión judicial. Estas cifras, aunque por encima del promedio nacional, siguen reflejando las profundas deficiencias que existen en la implementación de la ley.

En conclusión, aunque es de reconocer los valiosos avances en materia de víctimas y en especial de restitución de tierras, es importante resaltar que de continuar el ritmo que lleva la política, se necesitarán cientos de años para poder cumplir con el objetivo de restituir el total de tierras abandonadas a sus legítimos propietarios. Por eso, creo imperioso que el gobierno, en este nuevo mandato que le entregó el pueblo de Colombia, se de a la tarea de reformular estrategias para superar las barreras que hoy impiden la implementación eficiente de la ley, de tal forma que a través de una ágil reparación integral a las víctimas, podamos reconstruir el tejido social, que siente las bases para la paz estable y duradera que anhelamos todos los colombianos.