Estatuto para achicar la democracia

Rodrigo López Oviedo

Muchas razones hay para que los colombianos no nos sintamos a gusto con el Estatuto Electoral que se aprobó el pasado 8 de diciembre, dos días después de haber concluido legalmente el período de sesiones ordinarias del Congreso.
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Es inadmisible que una ley de tanta importancia no haya tenido la discusión que su trascendencia amerita. Senado y Cámara han debido escuchar otras voces, carentes de curules, sí, pero que han ejercido gran influencia en la política de los últimos años. Tal es el caso de Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, e incluso del movimiento comunal, que está en trance de constituir su propio partido. Al fin de cuentas, de esto se trata cuando se habla de democracia participativa.

Es cuestionable también el escaso tiempo dedicado a la discusión del proyecto. Su cuidadoso estudio ha debido copar un número de sesiones no menor, aunque tampoco mayor, del que tiene la presente legislatura, a la cual le faltan las sesiones correspondientes al 2022, que deberán realizarse entre el 16 de marzo y el 20 de junio del mismo año.

Ni qué decir de la época en que se adelantó la discusión. Dada la existencia de la pandemia, el país tenía urgencias mayores, como la relacionada con la ley del mínimo vital, un apoyo económico equivalente a un salario mínimo legal, con el cual muchos colombianos dejarían de verse obligados a arriesgar su vida, en medio de aglomeraciones, en busca del sustento hogareño.

Los anteriores son solo algunos ejemplos de las falencias que tiene el Estatuto. Sin embargo, hay otra falencia mayor, pues refuerza el poder de las maquinarias partidistas al dificultar la participación de la ciudadanía por fuera de los partidos. Esta dificultad la genera el Estatuto al impedir que los grupos significativos de ciudadanos puedan participar en listas de coalición, con lo cual se les cierra el paso hacia los cuerpos colegiados.

En tal contexto, estos grupos significativos de ciudadanos pierden los beneficios de que sí gozan los partidos que tienen personería jurídica. Así, por ejemplo, quedan sin derecho a la financiación estatal de sus campañas, a acceder a los medios de comunicación, a participar en los debates de radio y televisión, en fin, como dijo Petro, a existir jurídicamente.

Pero estos obstáculos no son insalvables. Al fin de cuentas, son manifestación del alto grado de pavor en que quedaron sumidas las castas oligárquicas, luego de los resultados de la Colombia Humana en los pasados comicios. Nuestro pueblo sabrá cómo saltarlos y cómo reeditar, mejorada en el 2022, la experiencia del 2018, si logra coronar con éxito el proceso unitario actualmente en curso.

RODRIGO LÓPEZ OVIEDO

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