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Sin embargo, tal papel no lo han cumplido a raja tabla, como fuera de esperarse. Dadas nuestras carencias de soberanía, sobre ellas han intervenido también el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Comando Sur y la embajada de ese país. Frutos de ello han sido su adoctrinamiento en aspectos de seguridad nacional, su participación en proyectos como el Plan Colombia y siete bases militares, que hoyan nuestro suelo.
Por eso no debe de extrañarnos que, con semejantes ejemplos injerencistas, no se sientan tentadas a inmiscuirse también en asuntos que constitucionalmente son privativos de los estamentos civiles, y que lo hagan incluso generales en uso de buen retiro.
Precisamente dos de estos, Jorge Enrique Mora Rangel y Fernando González, en un comunicado que firmaron el primero de julio a nombre de los Oficiales de la Reserva Activa del Ejército, Curso Militar Coronel Antonio Arredondo, se van lanza en ristre en los peores términos contra las protestas sociales y sus dirigentes, a quienes acusan de querer “aniquilar” el estado de derecho y la democracia; contra “seudointelectuales líderes de izquierda”, lo cual deja en claro sus concepciones de derecha; e incluso contra quienes, según su entender, están llamados a enfrentar la crisis. De estos afirman que se ocultan “en las tinieblas de su egoísmo, eludiendo la responsabilidad que les compete, haciéndoles el juego a los conspiradores y dejando tras de sí, la prueba de su complicidad, con su silencio”.
Es claro que posiciones como estas las puede asumir cualquier colombiano que no esté vinculado a las fuerzas del orden, incluso los generales Mora y González por hallarse ya por fuera de tales instituciones. Sin embargo, hacerlo invocando una condición de tanto ascendiente entre las tropas, como es la de los oficiales en reserva, no deja de entrañar un grave peligro, pues quienes permanecen activos podrían sentirse inducidos a desatender, ya oficialmente, su carácter no deliberante y a pronunciarse, quién sabe cómo, en asuntos ideológicos y políticos que les son vedados constitucionalmente.
Ojalá las fuerzas democráticas también se pronuncien ante posiciones como estas, que estigmatizan a quienes hacen uso del derecho ciudadano a la protesta y a líderes que lo defienden y que no comulgan con el actual statu quo. Colombia lo necesita.
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