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Los grandes medios, olvidándose de informar sobre tan importante evento, se dedicaron a endilgarles a los marchantes las actividades vandálicas realizadas por algunos personajes infiltrados por la derecha con el fin de sabotear la justificada exigencia a la Corte Suprema de Justicia de elegirle pronto el reemplazo al señor Francisco Barbosa.
Esta es una enseñanza de la que debemos aprender. La coyuntura actual no justifica el uso de la violencia, pues solo sirve para que los medios oculten, tras la difusión de los actos violentos, la trascendencia de las movilizaciones y el ocultamiento de las reivindicaciones que las motivan.
Para el caso de esta protesta, no podía haber mayor justificación. Según lo dicho antes, se pretendía que la Corte no dilatara más la elección de la nueva fiscal, con el fin de evitar que el funcionario saliente, Francisco Barbosa, se perpetuara en el cargo a través de su carnal Martha Mancera. Como bien lo saben los que no están acostumbrados a mirar para el barranco, Barbosa tenía el múltiple empeño de mantener frenados los procesos penales que comprometen a muchos de sus amigos, acelerar los que sacó de la manga contra altos funcionarios del gobierno y mostrar sus muchos deseos, y pocos méritos, de ser presidente de la República.
En síntesis, la población sentía que la Corte Suprema de Justicia se estaba burlando del artículo 249 de la Constitución, el cual le impone la obligación de elegir al fiscal general de la nación entre las tres postuladas que Petro le presentó. Lo curioso es que tal terna, de la que se elegirá fiscal para los próximos cuatro años, la recibió la Corte el 2 de agosto de 2023 y la avaló algunos meses después, razón por la cual no puede alegar, medio año más tarde, que la están presionando indebidamente. Aquí no hay ninguna presión indebida. Más bien sí una reacción ante la burla.
Por supuesto que esta actitud de la Corte no es gratuita. Al igual que las del exfiscal Barbosa y la procuradora Cabello, hace parte de las tácticas y estrategias en que están comprometidos el gran empresariado y sus gremios, los conglomerados mediáticos, sectores de las fuerzas armadas y de policía, las mafias de la corrupción y la politiquería y demás fuerzas de la reacción que vienen comprometidas en la tarea de deshacerse de Gustavo Petro a través de un golpe de Estado blando. Por eso lo de esperar es que, en seguidilla a esta movilización, vengan muchas más y seguramente con propósitos más elevados.
PARA NO OLVIDAR: Este 9 de febrero se cumplieron 30 años de la expedición de la ley 119 de 1994, a la cual se la conoce como el estatuto orgánico del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Esta ley, la primera de iniciativa popular, fue el resultado de la gran movilización nacional, representada en más de un millón cien mil firmas y otras acciones de presión, mediante las cuales se echó abajo el decreto 2149 de 1992, a través del cual el gobierno de César Gaviria, promotor como el que más del neoliberalismo colombiano. privatizaba esta institución, la más querida por los colombianos. Honores mil para quienes protagonizaron tan importante gesta.
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