Estoy en México D.F., realizando mi pasantía internacional como uno de los requisitos del doctorado que curso con Rudecolombia-UT. Esta pasantía la hago en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, en su sede Azcapotzalco, a donde no pude ingresar el miércoles anterior, porque los estudiantes, dando su rostro, fueron enfáticos al precisar que no permitirían el ingreso hasta el viernes, en desarrollo de un paro de 48 horas, como protesta por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Iguala, del Estado de Guerrero, que hoy involucra a todo el sistema educativo.

Este movimiento estudiantil que apenas comienza deja avizorar la situación convertida en un problema de carácter político, que tiene ya repercusión nacional. Puede repetirse el hecho de 1968, protagonizado por los estudiantes mexicanos en aquella época. Ahora, todo comenzó por la intervención de la policía y las autoridades gubernamentales.

En la Ciudad de México y su área metropolitana, con 21 millones de habitantes, hay fuerte sensibilización por el secuestro de los normalistas; en la estación para tomar el Metro, se observan familiares y amigos haciendo un llamado al paro nacional que convocan para el miércoles 22 de octubre. Los medios de comunicación hablados y escritos no se detienen develando los problemas de seguridad originadas por la desacertada intervención de la policía en Iguala.

El viernes anterior, en Acapulco, hubo una megamarcha, donde según los organizadores, asistieron más de 30 mil personas que exigen la entrega con vida de los estudiantes. Paulatinamente la movilización está creciendo, más aún cuando en la búsqueda de los desaparecidos, hallaron 28 cadáveres en seis fosas, pero ninguno de ellos, corresponde a los normalistas. Este nuevo hecho recrudece la protesta.

La situación ha sido aprovechada para relacionarla con otros hechos, y se evidencia en los medios de comunicación las denuncias contra la corrupción de funcionarios, la vulneración de derechos humanos y la duda en cuanto a la eficacia gubernamental.

Los colombianos consideramos estos hechos como algo cotidiano que nos produce rechazo pero no nos unimos ni nos organizamos manifestando nuestro rechazo y exigiendo el respeto a la vida, con el ímpetu que en México tienen, aquí vuelve a la memoria el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, en Bogotá, donde no se siente que se haya hecho justicia ni se le haya dicho la verdad al país. Muchos padres ya murieron sin saber qué pasó con los cuerpos de sus hijos, son hechos que aún están sin resolver, pese a las comisiones que presentaron supuestas conclusiones. Por cansancio las familias declinaron sus reclamos y hoy cuentan los hechos con nostalgia.