Los colombianos en general quedamos gratamente impresionados por el buen comportamiento de los estudiantes universitarios que junto a profesores y directivos de las universidades, participaron en la masiva manifestación de protesta del martes anterior, contra la desfinanciación en que han caído las 32 instituciones de educación superior del Estado, donde la fuerza de la razón y la palabra fueron y seguirán haciendo gala. ¡Un pueblo unido en los argumentos, logrará transformar las políticas para el desarrollo educativo!
Fueron actos masivos que han cumplido con la meta de poner encima de la mesa de los medios de comunicación, de las conversaciones cotidianas y en los debates académicos, la situación real sobre el estado en que se encuentra la financiación de la educación superior estatal en el país.
Se espera que la movilización de protesta, tenga impacto positivo. Uno de ellos, la reforma de la Ley 30 de 2012, en sus artículos 86 y 87, porque establecen un modelo de financiación estatal para la educación superior que es inequitativo, inapropiado e insuficiente para lograr mayor cobertura de este nivel educativo y para lograr que las universidades oficiales tengan los recursos para una oferta educativa de calidad. El país se pregunta: ¿Por qué los distintos gobiernos en Colombia tienen miedo de educar al pueblo en condiciones dignas, con la disponibilidad suficiente para lograr calidad como una necesidad muy sentida en el nuevo milenio?
Los aportes estatales para el funcionamiento y la inversión, no pueden seguir siendo los que establece el artículo 86 de la Ley 30, porque ello implica frenar y congelar el desarrollo esperado de este nivel educativo, que junto a la educación preescolar, siguen siendo los de cobertura más baja. El Conpes social que abordó la situación financiera de las universidades oficiales, recurre a justificaciones poco claras y plantea objetivos como los de “flexibilizar los ingresos y controlar el crecimiento de los costos de las IES públicas… Mejorar el reporte de información financiera” y muy tímidamente plantea el compromiso de reformar la Ley 30. Son objetivos que no responden a los nuevos recursos para funcionamiento e inversión que gritan las universidades.
Es que el modelo de financiación de las universidades oficiales, con base en el Índice de Precios al Consumidor, no debe seguir. ¿Por qué no se quiere entender que es inapropiado, que no tiene en cuenta el crecimiento de la matrícula ni los requerimientos de calidad exigibles por el Ministerio de Educación para la oferta de los programas académicos? Es absurdo que en nuestro Estado social de derecho el crecimiento de la matrícula en las universidades privadas esté por encima de las oficiales, ratificando que existe la idea de privatizar. Se necesita la reforma a la Ley 30 de 1992, ya.
tatianarojasoviedo34@gmail.com
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