–Gersan-
Más allá de toda la indignación que nos pueda causar a los ibaguereños los supuestos abusos, vejámenes y torturas contra los pequeños con discapacidad en la llamada fundación Peces Vivos, que de comprobarse por la justicia tal situación se debería llamar “peces muertos” o “pirañas muertas”, lo que amerita este caso es acción rápida y contundente de las autoridades.
De los jueces, que dando las garantías necesarias a los implicados, actúen con prontitud y sin permitir leguleyadas que entorpezcan el avance del proceso, para conocer sí lo allí señalado por la Fiscalía en videos y por un exfuncionario es cierto. De serlo, que se aplique todo el rigor de la Ley a esos sin nombre, sin conciencia y sin escrúpulos. Si no es así, que se explique en detalle que pasó y el porqué de los videos en que se registraron tratos inhumanos, los testimonios recurrentes de los vecinos sobre los gritos de dolor y los llamados de auxilio de los pequeños hasta llamar a aquella casa de La Pola la ‘casa del terror’. Esto, con el fin de que se haga simple justicia o se reivindique socialmente a los señalados.
Pero lo más preocupante de todo lo que hasta ahora se conoce es que al parecer estas situaciones habían sido alertadas de alguna forma a las autoridades, a comisarías de familia, en la Alcaldía, el propio Icbf y demás, pero no se actuó. No sé pero no se me hace extraño que por amiguismos, compadrazgos, familiarismo, vecindades, favores mutuos, señores del maletín y todo lo demás no se haya accionado. Me parece estar viendo allí lo que le pasa a muchos ibaguereños con sus denuncias ante las autoridades ¡Ay, Dios!
Es también de suma importancia analizar el que la propia institución responsable de estos temas y que tenía contratos de operación con esa fundación, el Icbf, reconozca públicamente que no podría ser el único caso de torturas o maltratos a menores en el país en estas casas. Eso suena casi que a cinismo. Ojalá la investigación de la Procuraduría dé los frutos correspondientes por el bien de la ciudadanía, pero, sobre todo, por el de todos aquellos niños que siguen en manos de fundaciones, corporaciones y operadores del Icbf y no se sabe cómo la estén pasando.
Por supuesto, no se trata de satanizar a todos aquellos operadores que trabajan de la mano del Icbf u otras entidades del Estado en el cuidado y la protección de niñas, niños y adolescentes, pero sí de hacer una supervisión real, pormenorizada, en detalle, hombro a hombro, de lo que sucede detrás de cada una de esas puertas.
¿Cuántas fundaciones “peces muertos” existen en Ibagué? ¿dónde quedan? ¿A qué se dedican, quiénes están supervisándolas? ¿Dónde están esos soportes? ¿Cuántas visitas a la semana? ¿Cuántas funcionan en los municipios y en qué condiciones? ¿y su infraestructura? ¿Quién da fe de la idoneidad de sus funcionarios? ¿Cuál es la línea efectiva donde las personas puedan hacer sus denuncias de detectar anomalías? ¿Cuántas denuncias podrán estar engavetadas sobre el particular en la Personería, las comisarías de Ibagué, las secretarías de la Alcaldía y las inspecciones?
Son preguntas que vele hacerse y hacer a las autoridades respectivas. No vaya a ser que solo estemos descubriendo la punta del iceberg que se chocó de frente contra todos nosotros. Tal vez esta sea una buena oportunidad para hacer una radiografía sobre esos servicios y convenios que pululan en nuestra sociedad y tomar correctivos para mejorar.
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