La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, crea un tribunal de justicia transicional, cumpliendo lo pactado entre el presidente Santos, Humberto de la Calle y las Farc durante cinco años de negociación en La Habana, para que los responsables de la guerra reciban penas alternativas por confesar la verdad, reparar a las víctimas y silenciar los fusiles.
Ese fue el núcleo de lo acordado, es decir, penas alternativas y un tribunal para dictarlas porque la justicia que da cárcel o privación real de la libertad ya no sirve, no está de moda, nos hace ver como trogloditas y rompe la tradición jurídica republicana colombiana de 200 años y no sé cuántos “argumentos” inanes más.
El problema hoy es poner en marcha la JEP y el tribunal, ya nombrado, para operarla; primero, porque ya se conocen públicamente reparos a las posturas ideológicas y el actuar en favor de la guerrilla de varios de sus miembros, -lo cual es peligroso-; segundo, porque no se contemplan límites de ninguna clase para el tribunal en sus alcances, decisiones y se convierte en sí mismo en un supremo rector de todos los colombianos y sus acciones pasadas, presentes y futuras, en materia legal.
Por eso, el fallo que sobre el acto legislativo 01 de 2017 o JEP que emitirá la Corte Constitucional en los próximos días es tan importante, pues dará luces en cuanto a saber si los guerrilleros culpables de crímenes de lesa humanidad podrán tener plenos derechos políticos como el de votar, ser elegidos u ocupar cargos públicos, sin haber purgado su pena alternativa de limpiar parques o dictar conferencias sobre cómo reconciliarnos; la cuestión es si con ello no se estaría violando el derecho de las víctimas, de tales crímenes atroces, a tener justicia.
Igual de importante es saber si bajo el tribunal de justicia transicional de la JEP quedarán de manera obligatoria solo los guerrilleros, los militares y los civiles que de alguna manera estuvieron involucrados o todos los que el tribunal considere que sí tuvieron que ver como determinadores de crímenes y, no sé, si hasta quienes opinaron públicamente, se manifestaron o denunciaron alguna barbaridad de las Farc, los paras o las fuerzas armadas colombianas; o si, por el contrario, a la JEP solo se someten los guerrilleros para recibir sus penas alternativas y el resto sigue bajo la égida de la justicia ordinaria.
Igualmente, si todos los funcionarios de la JEP – no solo los magistrados- quedan envestidos de superpoderes, por que no se sabe quién los controlará o sancionara en temas disciplinarios, fiscales y penales, porque su autonomía se vuelve casi de régimen dictatorial.
La otra arista en discusión tiene que ver con la afectación que la JEP hace hasta de la tutela y sus fallos –que con todo y lo que hay por corregirle, se ha vuelto una herramienta de defensa de los derechos básicos del ciudadano de a pie-, pues se pretende que ante ella (la tutela) se escojan dos magistrados de la JEP y dos de la Corte Constitucional para fallar y en caso de empate decide el presidente del tribunal de justicia transicional, y no la Corte Constitucional ¿Qué tal eso?
La JEP no tiene límites en tiempo, en su misión, en sus alcances, en poder “juzgar conductas”, ojo conductas, no delitos, ni violaciones de los derechos humanos o actos de lesa humanidad, y como el diablo es puerco y está en los detalles, entonces podría conocer de asuntos disciplinarios, laborales, comerciales, civiles y hasta de convivencia. ¡oh my God! Sería entonces la Justicia Exguerrillera Para juzgar a todos los colombianos (JEP).
Por tanto, el fallo que dé sobre ese acto la Corte Constitucional es tan importante para los colombianos, en cuanto a enderezar esos posibles entuertos, de no poner ese tribunal ni a los guerrilleros por encima de los demás colombianos ni tampoco por debajo, si no en igualdad de condiciones. No se trata de que lo declara inexequible o elimine su esencia de ser un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Dios y la sabiduría acompañen a la Corte para que esté a la altura, porque o si no, ya se vislumbra en el horizonte la otra “alcaldada” del presidente Santos: decretar un estado de excepción, hágame el favor, ahí sí quedamos como Venezuela y será mejor apague y vámonos.
–Gersan-
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