–Gersan-
Lástima que la revocatoria del mandato solo se aplique en Colombia para alcaldes y gobernadores y no para demás funcionarios elegidos popularmente, porque o si no tendríamos esa oportunidad en apego a la Constitución y la Ley de revocar al mandato al presidente Duque y de paso al Fiscal Martínez, por las razones ampliamente conocidas ya de todos los colombianos.
Ese revocatoria está contemplada en la Ley 134 de 1994 como una manera de ejercer el control político y garantizar la eficacia de las actuaciones del Estado, o de quienes están en él como administradores, es decir, como Gobierno.
Una de las principales razones del fundamento de dicha revocatoria tiene que ver con que exista insatisfacción general ciudadana frente a la labor de ese funcionario, pero por sobre todo por incumplir el Programa de Gobierno.
Un programa de Gobierno que se establece desde sus propuestas de campaña, por ejemplo, y no creo que nadie ya tenga dudas hoy de que Duque se hizo elegir esgrimiendo unas tesis y prometiendo unas acciones de gobierno y ejecutando otras totalmente distintas. Por ejemplo, menos impuestos y más ingresos para la clase trabajadora, media y baja, y lo que demostró es que quiere todo lo contrario, acabar la clase media a punta de impuestos, no permitir salir de la pobreza a otros tantos y sí eliminar gravámenes para las empresas más grandes y poderosas, multinacionales extractivistas y el sector financiero (incluido, claro, el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento, el dueño de Corficolombiana, socio estratégico de Obedrecht. ¿Les suena?).
Así mismo, hacer sectores más competitivos, dijo, pero ha realizado los aumentos de la gasolina más caros de toda la historia del país; prometió apoyo a los pensionados y ahora quiere simplemente clavarles un impuesto a su pensión para poder financiar el sector bancario y a los grupos económicos más grandes del país. Diciendo que son para subsidios.
Para tratar de cuadrar las finanzas del Estado, lo primero en que pensó fue aplicar el IVA a toda la canasta familiar, huevos, carne, verduras y demás, para apretar sin contemplación a los sectores más necesitados, por ser mayoría de la población en el país, para no tocar a la minoría en la que se concentra el 80 por ciento de la riqueza. ¿Eso es lógico y justo?
Además, expertos, inexpertos, medianamente expertos, ciudadanos del común como usted y yo, ya reconocemos que el país va sin rumbo, pareciera existir una peligrosa improvisación en los temas del Gobierno que nos puede llevar a un caos peor que el de Maduro y los pajaritos de Chávez en Venezuela. Claro que nuestro Presidente ya habla de los siete enananitos y todo.
Del caso del Fiscal General de la Nación, pues ni hablar, el país ya ha escuchado hasta la saciedad los audios de Jorge Enrique Pizano testigo del caso Odebrecht, quien dejó antes de morir testimonios y evidencias de que el Fiscal sí sabía desde el año 2015 de esas coimas del grupo brasilero, cuando era abogado del socio colombiano de los cariocas: Corficolombiana, firma de Luis Carlos Sarmiento. Además, el hijo del testigo apareció muerto envenenado con cianuro días después. Ahora el Fiscal General, siendo tal, simplemente parece que omitió denunciar tales delitos que conoció desde hace tres años.
Más que claro queda entonces que de existir la posibilidad de esa revocatoria del mandato, debería aplicarse ya a estos dos personajes del Estado colombiano, porque los hechos son más que evidentes y contundentes. Pero sí es posible revocarlos moral y socialmente.
Comentarios