Hace unos meses, recién iniciaba el proceso de paz, manifestaba en esta misma columna mis reservas sobre esta posibilidad y hablaba de que tenía un “optimismo moderado”.

Una de las razones para expresarme así era el temor de que las fuerzas oscuras, enemigas del proceso, ejecutaran acciones para evitar la concreción de acuerdos. Durante todo este tiempo se han dado distintas manifestaciones encaminadas a crear la desconfianza frente a lo que se está negociando. Las voces provienen de los sectores más retardatarios del país que tienen su caja de resonancia en los medios de comunicación.

El pasado martes se dio un golpe bajo al proceso de negociación en La Habana, lo mismo que a la democracia. Este zarpazo, convertido en un hecho temerario por parte del Procurador General de la Nación, sacó al alcalde del Distrito, Gustavo Petro, de la escena administrativa y política y lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos.

Petro ha sido señalado por el procurador Ordóñez como responsable de graves faltas por haber entregado la recolección de las basuras de la capital a una empresa oficial que, a juicio del funcionario, no contaba con la experiencia y la infraestructura necesaria para asumir tal responsabilidad.

Alega Ordóñez que se puso en grave riesgo la salubridad de los habitantes de la capital; se compraron vehículos que no se utilizaron y se atentó contra la libre competencia, cargos que ha juicio de grandes sectores de la opinión pública no son más que ardides para desconocer la determinación que había tomado en las urnas más de 700 mil bogotanos.

El Procurador ha manifestado en distintas ocasiones su desacuerdo con los diálogos de La Habana y como vocero de los enemigos de la paz ha intentado romper dichas conversaciones. Con esta determinación ha quitado toda credibilidad a las negociaciones y el mensaje es claro: las fuerzas guerreristas del país no permiten que quienes se incorporen a la legalidad mediante negociación y participen en los procesos electorales ejerzan el poder. Antes lo hacían a través de la desaparición física posterior a los acuerdos, ahora es la muerte política.

Las manifestaciones multitudinarias a favor de Petro indican el respaldo popular a su gestión y a la democracia. Nuestro país está polarizado entre una ultraderecha reducida que se vale de todos los medios posibles para defender sus privilegios y unas fuerzas ampliamente mayoritarias que creen posible las vías de la democracia.

Estas últimas han recibido un golpe bajo por parte de quien dice defender la institucionalidad y acude a leguleyadas para desconocer los resultados de las urnas y, de paso, poner obstáculos en el frágil camino hacia la paz.