Lejos están los días en que recibíamos suculentos almuerzos en la Concentración Mariano Melendro de Chapetón, para que nuestro periplo por las aulas de primaria fuera más fructífero.
El menú nada tenía que envidiar a un restaurante de categoría y durante la semana degustábamos el sabor del pato, el conejo, pollo, cerdo y res, con profusa cantidad de jugos y demás aderezos. De vez en cuando llegaban los gringos del Cuerpo de Paz con sus cámaras y filmaban nuestros rostros y los platos pletóricos en las mesas.
Lo mismo hacia el señor Carvajal y meses después, ante una sábana blanca como pantalla, nos veíamos sonrientes, todo con el patrocinio de la Federación de Cafeteros, que realizaba un estricto control sobre los productos, los menajes y el servicio.
La anterior evocación fue lo primero que experimenté al mirar el video que apareció en los noticieros mostrando el caso de Aguachica. Me conmoví, al igual que muchos colombianos, hasta sentir rabia ante tan miserable situación.
Me sumé a la frase de la directora del Bienestar Familiar: “Desgraciados criminales”. Estuve de acuerdo con quienes clamaban castigo para los responsables. Me pareció loable que el Ministerio de Educación, la Fiscalía y otros entes iniciaran las investigaciones de rigor y me solidarice con Claribeth Rodríguez, la valiente profesora que realizó la filmación y la colgó en las redes.
Hoy, un poco sosegado por el impacto inicial y luego de otros elementos de análisis, la rabia inicial se ha transformado en un sentimiento de impotencia y decepción, ante un hecho que es apenas una muestra de la podredumbre que subyace en el sistema de contratación oficial que nos rige.
Las normas acuciosas que reposan en los anaqueles de las oficinas públicas lo tienen todo controlado. A veces se ensañan en exigencias y, generalmente, se vuelven laxas cuando se trata de grandes negociados.
Muchas son las preguntas que surgen de la inoperancia oficial. La frase que inicialmente pronunció Cristina Plazas me pareció dura y contundente. Ahora la siento hipócrita, porque la omisión del control y seguimiento que debe realizar el instituto que ella dirige no aparece por ningún lado.
De otra parte ¿cómo es posible que la Fiscalía no haya actuado ante los resultados de una investigación hecha antes, por parte de la Contraloría del Cesar, que encontró sobrecostos por más de dos mil millones de pesos en los contratos de alimentos a los estudiantes?.
Lo de Aguachica es solo la punta de un Iceberg, se necesita develar todo su contenido en el que participan políticos, funcionarios y organizaciones al margen de la ley, que han hecho de la contratación pública la caja menor de sus acciones, con el silencio cómplice de la opinión pública del país.
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