No cesan los escándalos de la justicia colombiana y no sabemos cuándo tocaremos fondo. El pasado fin de semana recibimos otro capítulo más de la infamia, en el juicio a Silvia Gette, presunta autora intelectual del asesinato del ganadero Fernando Cepeda. Gette habría movido hilos delincuenciales de poder, según el reconocido abogado Abelardo de la Espriella, para torcer a la fiscalía contra María Paulina Ceballos, viuda de Fernando Cepeda, quien de acusadora pasó a la cárcel sindicada de acusada.

Aparentemente ante la presión de los medios, que hicieron un amplio recuento del pasado judicial de Gette y de las inconsistencias del proceso que llevó a la captura de Ceballos, la Fiscalía acaba de poner en libertad a esta última ‘mientras continúa la investigación’. Pero este episodio judicial es apenas la gota que rebosa la copa de la desconfianza en la fiscalía y en general en la justicia.

En la memoria colectiva están aún muy frescos los tropiezos del ‘Caso Colmenares’, el vergonzoso juicio de Sigifredo López, el ineficiente y hasta ahora ineficaz proceso contra los corruptos hermanos Moreno Rojas, y los inexplicables conceptos que dejaron en libertad a un par de ‘punqueros’ matones. Como estos casos y otros más, notoriamente públicos, debe haber miles de procesos fallidos en todo el país que no han llegado a los medios. Son casos, sin embargo, bien conocidos por muchísimos colombianos que voz a voz reproducen la desazón del ciudadano común.

La preocupación por los tropezones judiciales, como decía, marca índices aterradores. Según un reciente estudio del World Justice Project que mide la eficiencia de los aparatos de justicia en el mundo, Colombia ocupa el puesto 61, en la escala de mejor a peor, entre 99 naciones. De otra parte, el sector judicial colombiano alcanza un 79 por ciento de imagen desfavorable, según la pasada encuesta de Invamer Gallup. Esta percepción negativa es diez puntos más alta que la del Congreso, uno de los organismos del Estado de peor reputación.

El Estado, que antes respaldaba con claro interés político el desempeño del fiscal, parecería por fin darse cuenta de que su gestión está haciendo agua por todos lados. Montealegre, quien fue recibido por casi todos como un apreciado académico, ha desgastado tanto su imagen, que hoy es el símbolo más visible de un ‘establecimiento’ kafkiano. El origen de todos estos tropezones apunta al proverbial caudillismo -ego- y falta de respeto entre poderes.

Lo cierto es que se baraja hipótesis de causas, pero nadie sabe cómo enderezar el caminado de la justicia. Una de las propuestas es nombrar un poderoso director ejecutivo de la Rama Judicial. Pero no sabemos cómo podría dicho funcionario actuar con independencia frente a los magistrados que serían sus superiores, o contra fiscales cuasi-megalómanos.