A riesgo de parecer repetitivos reiteramos nuestra posición, expresada hace algunos años, sobre la presencia en las calles de Ibagué de un grupo de vigilantes uniformados, integrado por ciudadanos que hicieron parte de grupos armados ilegales y que es conocido popularmente con el apelativo de ‘Los Niches’.
Decíamos entonces que era enormemente riesgoso que las autoridades permitieran la conformación de grupos de estas características, sin formación, sin supervisión y sin cotejo de antecedentes que actuaba a su arbitrio sin restricciones ni limitaciones.
Se hacía memoria de lo acontecido en diversos lugares del mundo con esta clase de organizaciones espontáneas que en un principio ofrecen protección a negocios y empresas, para después extorsionar y amenazar a quienes no se avienen a pagar la tarifa y llegan al extremo de exigir participación en los rendimientos de las empresas y, en ocasiones, a apoderarse de las mismas.
Basta ver lo ocurrido con las mafias sicilianas y napolitanas y lo acontecido cuando se trasladaron a Estados Unidos, la yakuza japonesa, la mafia rusa y, para no ir tan lejos, analizar lo que ocurre en amplios sectores de Medellín, Barranquilla o lo ocurrido en una pasada navidad desde Chocó hasta el Magdalena, con las órdenes impartidas por estas bandas que pretendieron boicotear la acción gubernamental contra los grupos armados ilegales.
De Medellín se sabe que exigen contribución a tiendas y graneros, buses y busetas, carros repartidores de mercancía y últimamente a edificios y conjuntos residenciales con retaliación violenta contra quienes se rehúsan a pagar.
Resulta incomprensible que con todos esos antecedentes se permita la configuración de tales grupos en Ibagué con las consecuencias que ya se comienzan a advertir, como apareció publicado en los periódicos de esta casa editorial cuando los mencionados “vigilantes” atacaron a los propietarios de locales en un centro comercial del centro de la ciudad por cuenta de unas diferencias y ni siquiera con la presencia de la Policía se lograba apaciguar a los violentos que la emprendieron armados contra los comerciantes y sus propiedades.
El control del hampa y los ladrones debe estar a cargo de la Policía o de agencias de vigilancia, supervisadas por la Superintendencia del ramo, con la formación, los controles y la supervisión requeridas para el caso; por ninguna razón puede entregarse a grupos carentes de los más elementales parámetros ni formación.
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