Unos pocos años atrás y ante una reacción mundial que se produjo contra las subrepticias prácticas de las multinacionales del tabaco y los licores se firmaron una serie de acuerdos entre los gobiernos y las empresas que dieron como resultado el apaciguamiento de las acciones legales emprendidas por las diferentes administraciones.
En efecto, gracias a una ingeniosa compartamentalización de las actividades comerciales las grandes productoras de tabaco y licor entregaron a unas comercializadoras, supuestamente independientes, la distribución de sus productos, muchos de los cuales hacían esguinces a las legislaciones y las aduanas de los países y se introducían a los mercados nacionales por la vía del contrabando.
De esta manera evadían impuestos y, a la vez, ponían distancia sobre potenciales demandas que podrían derivarse de los dañinos efectos que el consumo de tales productos tiene en la salud de los usuarios y los presupuestos de salud de las naciones.
Se firmaron acuerdos extrajudiciales con los gobiernos y convenios para controlar el contrabando y legalizar las importaciones, de manera que por algún tiempo la mercancía ilegal desapareció del mercado.
Con el tiempo tales convenios se han convertido en letra muerta y, en el caso colombiano, por las porosas fronteras entran inmensos volúmenes de productos ilegales que a la par de afectar al fisco y, particularmente, a los presupuestos de la salud, se convierten en fórmula efectiva para lavar dineros de la corrupción y el narcotráfico mediante muy organizadas redes que operan a la vista de las autoridades y en lugares reconocidos de las principales ciudades.
Según las últimas cifras oficiales la evasión de impuestos por el contrabando de tabaco y licor supera el 30 por ciento de lo que efectivamente se recauda y alcanza la exorbitante cifra de un billón de pesos anuales.
Hay que reiterar que allí no se contabilizan los efectos colaterales del lavado de dinero ni el tremendo impacto que esos productos tienen en los presupuestos del sistema de salud y la morbi-mortalidad derivada de su uso y abuso.
Se sabe que las inmensas fortunas que operan alrededor de este negocio ilegal desbordan la capacidad del Estado para tener adecuados instrumentos y sistemas de control, mas por el volumen y los efectos nocivos debe apoyarse cualquier inversión y esfuerzo que se haga.
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