En Latinoamérica se conmemoró el pasado 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos. En esa fecha la Corte Interamericana de Derechos humanos CIDH, el organismo de la OEA con sede en San José de Costa Rica reveló el fallo del pasado 14 de noviembre en el que se declara a Colombia culpable de la desaparición de 10 personas, la ejecución de un magistrado y la detención, tortura y tratos crueles a otros cuatro ciudadanos.
Los hechos relacionados con la condena ocurrieron entre el 6 y el 9 de noviembre de 1985 cuando un comando de 35 guerrilleros del M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia (todos ellos murieron en la acción o fueron desaparecidos) y el ejército y la policía realizaron la retoma del edificio, con un saldo total de 98 muertos (11 de ellos magistrados) y las desapariciones forzadas, ejecuciones, arrestos y torturas mencionadas.
El fallo de 212 páginas obliga al Gobierno a establecer la verdad, a juzgar a los responsables, ubicar a las víctimas e indemnizar a 136 familiares de los afectados. Señala además que hubo incumplimiento en el deber de prevención por parte de las autoridades pues queda probado que se sabía de los planes del grupo guerrillero y no se tomaron las precauciones debidas.
El Gobierno aceptó ante el CIDH su responsabilidad en torturas y lo que llamó “omisión” en el trato de dos subversivos. En declaraciones del Ministro del Interior, acepta que el Gobierno se somete a las determinaciones del CIDH:
Es preciso recordar que por las acciones descritas han sido condenados a prolongadas penas de prisión el general Arias Cabrales y el coronel Plazas Vega, este último tiene pendiente una decisión de la Corte Suprema sobre la cual, se anticipa, será favorable al oficial; falta ver si las determinaciones del CIDH modifican la posición del alto tribunal.
Las familias de los desaparecidos han manifestado su reconocimiento por los fallos del organismo de la OEA, pero continúan reclamando por el conocimiento sobre la verdad acerca de lo ocurrido y, principalmente, por conocer el destino de los restos de sus familiares y la posibilidad de inhumarlos y hacer el correspondiente duelo.
Tras más de un cuarto de siglo los fantasmas del Palacio de Justicia no encuentran sosiego y el país sigue siendo objeto de sanciones.
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