De afán

Por supuesto que es mucho más grave la ejecución de 36 personas, pero tampoco es explicable que se proceda en un proceso de ascensos si no existe claridad en conductas que se derivan en detrimento de los recursos del Ministerio.

Apenas una semana ha transcurrido desde cuando la senadora conservadora de Antioquia Nidia Marcela Osorio rindió ponencia favorable para el ascenso de un grupo de generales del Ejército.

Poco importaron las objeciones expresadas por el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, respecto de siete de los uniformados por las vinculaciones de los oficiales a controvertidos hechos ocurridos en las unidades a su mando y relacionados con violaciones a los derechos humanos, ya que todos los postulados fueron ascendidos.

Respecto de Nicasio de Jesús Martínez Espinel, quien pasó de brigadier a mayor general se controvirtió su papel como Jefe de Estado mayor y Segundo Comandante de la Décima Brigada, en donde se presentaron violaciones a los derechos humanos en 13 episodios de ejecuciones con 36 víctimas. El senador Cepeda señaló que en similares circunstancias estaban otros seis de los ascendidos y reclamó que el Senado no fuera a precipitarse, como ocurrió con el proceso de ascenso del general Mauricio Santoyo.

Para sorpresa de todos, el propio Ministro de Defensa revela ahora que su Grupo de Acción para la Transparencia Institucional, tras investigaciones realizadas en la Cuarta Brigada y el Batallón Pedro Nel Ospina con sede en Medellín, encontró irregularidades cometidas entre 2012 y abril de 2014 en el transporte de explosivos y la sobrefacturación de combustible por no menos de 1.5 millardos de pesos. Investigaciones que involucran a 35 uniformados, de los que 10 de ellos fueron separados de la fuerza y se anuncia que se procederá en forma similar con otros nueve entre oficiales y suboficiales. Por cierto, entre los que se llamará a indagación en enero están el general Martínez y el también general Néstor Robinson, el uno de la Quinta División y, el otro, de la Séptima.

El Ministro de Defensa señala que de las investigaciones se tenía conocimiento desde hace siete meses y que ninguna manzana podrida puede permanecer en la institución. Por supuesto que es mucho más grave la ejecución de 36 personas, pero tampoco es explicable que se proceda en un proceso de ascensos si no existe claridad en conductas que se derivan en detrimento de los recursos del Ministerio.

Como aconteció con el reciente caso del general Alzate, hacen falta explicaciones, y el indicado para entregarlas es el Ministro de Defensa.

REDACCIÓN EDITORIAL

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