Asesores espirituales y buenos muchachos

Como se sabe, nadie es culpable hasta que no se le compruebe judicialmente, pero ya las Fuerzas Militares han procedido a sancionar a sus integrantes y Sepúlveda ha aceptado colaborar para mitigar sus potenciales sanciones.

Muchos pensaban que el asunto de las interceptaciones de comunicaciones en la campaña presidencial y los ataques cibernéticos a las personas vinculadas a las conversaciones de paz iban a tener el mismo destino de muchas otras “investigaciones exhaustivas” en el país: la impunidad. No obstante, el escándalo sigue su curso, cada día se conoce más detalles y nueva legislación encuentra terreno abonado en los sórdidos incidentes.

Al interior de las Fuerzas Militares ya se ha producido el primer revolcón: la Inspección General de las Fuerzas Militares, por boca del almirante César Augusto Narváez, llamó a calificar servicios a tres oficiales, un suboficial y un patrullero, por haber proporcionado al “hacker” Andrés Sepúlveda información de inteligencia. A la vez, decidió relevar a 20 miembros de la inteligencia militar por su vinculación a irregularidades en la agencia de inteligencia Andrómeda, las infiltraciones en el proceso de paz y los nexos con Sepúlveda. A más de que anuncia que se seguirá indagando y profundizando en las acciones colaterales que rodean la sombría actividad.

De otro lado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha revelado que se encontró un pago al hermano de Sepúlveda por 240 millones de pesos, que no estaba registrado en los libros de la campaña presidencial del Centro Democrático y que estuvieron destinados al pago de los abogados de la defensa del “hacker”.

El proceso se extiende y ramifica, ya que a más de llamar a interrogatorio al candidato Óscar Iván Zuluaga, se llamó también a su hijo David Zuluaga (gerente de la campaña) y a Luis Alfonso Hoyos (asesor espiritual y paisano del candidato) estos últimos fuera del país. El asunto se complica, debido a que a la luz de la reforma política de 2011 con la Ley 1475 se pueden derivar profundas consecuencias para el partido y sus dignatarios, no solo penales y económicas sino, también, de hondo efecto político, al punto que pueden concluir con la disolución del partido.

Como se sabe, nadie es culpable hasta que no se le compruebe judicialmente, pero ya las Fuerzas Militares han procedido a sancionar a sus integrantes y Sepúlveda ha aceptado colaborar para mitigar sus potenciales sanciones.

Por supuesto habrá quien asevere que todo es una maquinación política producto de maquiavélicas mentes contra asesores espirituales y buenos muchachos.

REDACCIÓN EDITORIAL

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