Editorial: Más de los juegos

Tristemente, las ciudades escogidas como sedes para los juegos nacionales no estuvieron a la altura de las circunstancias y además de pasar a la historia como incapaces de cumplir con compromisos en el concierto nacional, serán recordadas como los que más elefantes blancos dejaron para la posteridad.

Una manera de conseguir obras de infraestructura a la que pueden acceder las ciudades es la posibilidad que se abre con la realización eventos deportivos, como los juegos nacionales.

En el caso de Ibagué ya sabemos que esta oportunidad fue desperdiciada y difícilmente el Gobierno nacional vuelva a poner los ojos en esta capital como sede de evento alguno ante los resultados catastróficos de las pasadas competencias, tanto que el mismo Zar Anticorrupción pidió a los tolimenses que se indignen realmente y apliquen sanciones sociales a los causantes, por acción u omisión, de la malversación de los dineros públicos.

Pero no se trata en esta ocasión de ahondar en el tema que ha sido expuesto con suficiencia en los medios locales y nacionales, sino de la otra sede de los mentados juegos: Quibdó.

La Contraloría General de la República investiga un detrimento patrimonial que supera los nueve mil millones de pesos en la capital chocoana, donde, con recursos de regalías, se compraron dos predios y se pagaron diseños de obras que no se ejecutaron.

Quedaron en el papel el estadio de atletismo, el complejo de piscinas, el coliseo menor, el coliseo multideportivo, el coliseo mayor, el estadio de fútbol y la Unidad Administrativa y centro biomédico.

Los lotes costaron tres mil cuatrocientos millones de pesos y la administración de Quibdó pagó por los diseños de las obras antes mencionadas 6.542 millones de pesos. Aunque los recursos se ejecutaron, para la Contraloría no se cumplió el fin social para el que fueron propuestos, debido a que los predios no se utilizaron y los diseños no se desarrollaron.

Adicionalmente, los terrenos fueron adquiridos por el municipio de Quibdó, en una decisión que la Contraloría calificó como “antieconómica”, dado que estaban ubicados en zona rural y luego se trató de incorporarlos como urbanos, mediante la aprobación de un acuerdo municipal. Por tratarse de predios rurales, carecían de servicio públicos. Así mismo, se pretendió que en un término de siete meses, a partir de la entrega de los diseños se aprobaran las licencias y se ejecutara la obra, plazo a todas luces imposible de cumplir.

Tristemente, las ciudades escogidas como sedes para los juegos nacionales no estuvieron a la altura de las circunstancias y además de pasar a la historia como incapaces de cumplir con compromisos en el concierto nacional, serán recordadas como los que más elefantes blancos dejaron para la posteridad.

REDACCIÓN EDITORIAL

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