Muy controvertida ha sido desde su creación la figura del curador urbano, ideada con el objeto de imprimirle eficiencia, rapidez y profesionalismo a una actividad que, hasta entonces, quedaba en manos de burócratas que, muchas veces, resultaban poco calificados para la tarea y bien cercanos a intereses particulares.
A lo largo y ancho del país, donde se ha establecido la figura, ha habido toda suerte de incongruencias, contubernios y actividades que no se ajustan a la visión con la que fueron creadas estas entidades. En Bogotá varios curadores han tenido que ser removidos de su cargo, de fama nacional ha sido lo ocurrido en Medellín por cuenta del desastre de Space en el que resultaron perjudicadas cientos de familias y, más recientemente, la capital del Tolima ha quedado en la mira tras lo sucedido con la aprobación, a las volandas, de los diseños para la construcción de los escenarios de los Juegos Nacionales (275 planos y decenas de memorias de cálculo despachadas en 15 días) que terminaron en un catastrófico fiasco.
De otro lado en la capital del Tolima, en donde la figura lleva más 10 años de implantada, se supone que debe funcionar bajo muy taxativas reglas derivadas de la Ley, los reglamentos y el Plan de Ordenamiento Territorial POT (igual de controvertido) pero que, al menos deberían brindar un ambiente de seguridad, equidad y equilibrio a los ciudadanos, para así tener reglas de juego a las que atenerse en asuntos en los que, generalmente, entran en juego los patrimonios familiares. No ha sido así y algún chusco local comentaba que el único documento eficiente requerido para los trámites es un cheque.
Lo que se advierte es que se acomodan los requisitos, se hace caso omiso de las inquietudes de la comunidad y se juega con los formalismos sin que, a la larga, haya quien revise si lo aprobado se cumple, o las licencias se expiden sin que haya quien ejerza control o supervisión sobre quien ejerce tan omnímodas prerrogativas o si este cuenta con el grupo profesional, los equipos o la ecuanimidad requeridos para tan fundamental tarea y los privilegios se mantienen sin evaluación ni criterios definidos; acomodados a intereses políticos, personales y particulares, que hasta ahora han sido la regla de la actividad en la Villa de San Bonifacio.
Comentarios