Durante once años (entre 2001 y 2012) las tres compañías que controlan el 85 por ciento del mercado de los pañales desechables en Colombia pactaron precios con el propósito de cobrar más caro por sus productos.
En estos días se conoció que por esta práctica ilegal, denominada cartelización empresarial, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a estas empresas, y a dieciséis altos funcionarios de las mismas, a pagar una multimillonaria multa.
La necesidad de las mujeres de ingresar en el mercado laboral, las obligó a buscar una manera más eficiente de mantener aseados a sus bebés. Por ello, el tradicional pañal de tela que acompañó los hogares colombianos hasta finales de los años setenta fue reemplazado por el pañal desechable. De tal manera que este producto ingresó a la canasta familiar colombiana para no volver a salir de ella; así que junto con el arroz, la panela, la leche y el pan, los pañales desechables se convirtieron en elementos de primera necesidad. Cabe preguntarse, ¿cuántas familias habrán tenido que dejar de comer para poder adquirir los pañales para sus hijos?
Como señala la SIC en su página oficial, “el cartel empresarial en el que incurrieron por más de una década Tecnoquímicas, Familia y Kimberly afectó, preponderantemente, a los hogares con niños menores de dos años, fundamentalmente aquellos pertenecientes a los estratos 0, 1 y 2”. Por eso indigna que esas empresas se hayan puesto de acuerdo para sacarle del bolsillo el dinero a quienes más lo necesitan. Pero indigna, aún más, saber que los afectados no serán reparados y los miles de millones de pesos que pagaron de sobreprecio durante estos años no serán recuperados de ninguna manera.
El valor de las multas impuestas, en total, asciende a la suma de doscientos ocho mil millones de pesos; sin embargo, Kimberly, que debía pagar un poco más de sesenta y ocho mil millones de pesos, fue exonerada del pago por su colaboración con la investigación (quiere decir que no pagará un solo peso); entre tanto, Familia solo tendrá que pagar la mitad de esta suma; es decir, treinta y cuatro mil millones de pesos, porque, para la SIC, la colaboración de esta empresa en la entrega de información no fue plena.
Y a pesar de que el monto de la sanción suene considerable, para estas firmas no representa ni el siete por ciento de sus ingresos anuales, según lo reconoció el propio Superintendente de Industria y Comercio.
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