Dentro de los numerosos intentos que en Colombia se han hecho para sanear las costumbres y la ética de los funcionarios estatales, en primera línea está el tema de lograr diseñar y volver realidad disposiciones, políticas y actitudes para que haya transparencia en el actuar de quienes administran el Estado y combatir exitosamente la corrupción a todo nivel en el seno de la administración pública.
Ejemplo de ello es el Estatuto Anticorrupción, cuyo objeto y causa fue levantar un dique para frenar los actos de corrupción en el seno de la administración pública, blindarla de los fenómenos antiéticos que afectan su funcionamiento. ¿Ha servido? Pronunciarse al respecto es abrir un interesante debate que está pendiente de llevarse a cabo.
Si algo quedó sin reglar debidamente en tal Estatuto, fue tanto lo relacionado con el proceder de familiares de altos funcionarios del Estado que celebran contratos con la administración pública, como regular lo pertinente al acceso a cargos públicos de ciudadanos que tienen contratos con el Estado, o con sectores estratégicos de la economía nacional.
El paso del tiempo, que es sabio, ha puesto en evidencia que en ambas situaciones hay conductas antiéticas y procederes laxos que hacen visible que en muchos niveles del Estado hay venalidad.
El país siente mucha insatisfacción cada vez que aflora que sociedades familiares de altos funcionarios del nivel nacional, departamental y municipal, tienen contratos con el Estado; igual sentimiento brota cuando alguien es nombrado en un cargo público de connotación y velozmente transfiere a un tercero (¿prestanombre?) su participación en un contrato estatal, o en una sociedad que tiene negocios con la administración pública.
Y a ello se suma el descontento que se percibe con personas duchas en hacer tránsito de un cargo público a la actividad económica privada y luego, volver a cargos estatales. En esa telaraña muchos escándalos y disminuciones de los activos del Estado ha padecido el país.
Algunos observadores afirman que el problema no es de legislación, sino de valores y principios, de fronteras éticas.
Si bien esa postura es respetable, no por ello sobra el levantar sólidos diques anticorrupción por los que no se pueda colar la laxitud, la venalidad, las triquiñuelas, pues si ello ocurre, cualquier muro será solo un adorno, o un ineficaz colador.
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