Editorial: Los niños se están muriendo ¿y no pasa nada?

Exigimos que las entidades encargadas sancionen con la mayor severidad a quienes se niegan a dar la atención a los niños enfermos de cáncer y que se ponga fin a este calvario que deben afrontar tanto los niños como sus familias.

El pasado 2 de julio, Julián Andrés Escobar, de 8 años, murió esperando a que su EPS Cafesalud autorizara un trasplante de médula en Cali. Padecía leucemia.

Él es uno de los cientos de niños enfermos de cáncer que en el país mueren esperando a que su EPS autorice un tratamiento. Se les va la vida, literalmente, entre trámites y burocracia administrativa.

Mientras en países como Estados Unidos o en las naciones europeas el diagnóstico de cáncer en niños tiene una expectativa de cura del 80%, por la atención oportuna y adecuada y los diagnósticos tempranos, en Colombia la Defensoría del Pueblo reveló que el 60% de los niños con cáncer muere por falta de acceso oportuno a un tratamiento. Cada año en el país se diagnostican en promedio 1.300 casos de cáncer infantil y la falta de atención hace que se convierta en una de las principales causas de muerte en niños y adolescentes.

Según cifras de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, de los niños diagnosticados fallecen aproximadamente 500 al año, en su mayoría por retrasos en el tratamiento o error en el diagnóstico.

Días antes de que Julián Andrés muriera, la Procuraduría había enviado un oficio al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud, manifestando su preocupación por las reiteradas quejas de los pacientes de cáncer ante Cafesalud, por la demora en las autorizaciones y falta de atención oportuna.

Pero este drama no es consecuencia únicamente del actuar de una EPS; los padres de los niños enfermos en el país denuncian constantemente la infinidad de trabas que deben superar para lograr que sus hijos sean atendidos, sin importar muchas veces de qué EPS se trata. Es un drama generalizado.

Lo más triste de todo es que no se ve ningún tipo de acción efectiva por parte ni del Ministerio de Salud ni de la Superintendencia ante estas reiteradas denuncias. Pareciera que no pasara nada, que a nadie le importara, que las Eps pudieran seguir negando los tratamientos, sin que exista ningún tipo de sanción. Los niños tienen protección constitucional especial, por eso en el 2014 se expidió una resolución para establecer una ruta de atención prioritaria a enfermos de cáncer que hasta hoy pareciera ser ignorada.

Exigimos que las entidades encargadas sancionen con la mayor severidad a quienes se niegan a dar la atención a los niños enfermos de cáncer y que se ponga fin a este calvario que deben afrontar tanto los niños como sus familias.

REDACCIÓN EDITORIAL

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