El país, alarmado, se enteró de cómo una universidad graduó de abogados a varias personas privadas de la libertad por paramilitarismo, quienes purgan penas de prisión por incurrir en delitos atroces y estando en las cárceles cursaron estudios de tal área del conocimiento “en tres años”.
La alarma tiene varias razones de ser. El Ministerio de Educación no había dado a tal universidad autorización para ofrecer programas de pregrado en centros carcelarios; además, no hay académico serio que considere que el Derecho, como carrera de estudios superiores, se pueda cursar en tres años, con clases entregadas los fines de semana.
El problema pone en evidencia la razón que tienen quienes censuran a aquellas que en el país se conocen como “universidades de garaje”.
En ellas priman la laxitud y la mercadotecnia, no hay rigor académico, investigación científica, bibliotecas que puedan realmente tener tal nombre, ni suficientes ayudas didácticas para formación de los estudiantes; reina el desorden académico y administrativo, las asignaturas se dictan para llenar unos requisitos exigidos por el Estado pero no para abrir al estudiante las puertas del saber. Y en tres años sale el “doctor” a engatusar a ingenuos, a ascender en la escala laboral, o a asesorar deficientemente a quienes a sus conocimientos recurren.
La otra cara de la moneda es que el Ministerio de Educación ha sido débil frente a esas universidades, no tiene herramientas aptas para “meterlas en cintura” e impedirles que sigan haciendo de las suyas. Como coloquialmente se dice, el Ministerio “no tiene dientes” para vigilarlas y controlarlas. Por coincidencia, en las cúpulas directivas de ellas siempre hay políticos.
El país tiene que revisar a fondo sus políticas educativas y aplicar correctivos severos si realmente anhela mejorar la calidad de la educación superior y lograr que las universidades puedan competir con sus pares en el concierto internacional.
El concepto de universidad, de investigación científica, de calidad académica, de conocimiento racional, riñe con los caprichos del mercado y por ello no puede estar al servicio de la mercadotecnia. Aquellas universidades en las que priman el lucro, los grados rápidos y los programas académicos abreviados no son realmente centros de estudios superiores. El Ministerio de Educación debe actuar con severidad y presteza para poner orden en un aspecto tan importante para la vida nacional y su futuro.
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