Mucho se ha debatido en el país en los últimos meses con respecto a la impunidad que podría resultar de aplicar el Acuerdo de Paz. Llama la atención esa renovada atención en un sistema judicial donde el 94 por ciento de los procesos no se concluye y, de otro lado, que los sectores que más insistan sobre la potencial inmunidad son los que recomiendan a sus afiliados a irse del país, evadir la justicia o presentar como persecución política las decisiones judiciales que afectan a sus familias o partidarios.
Sin embargo, al parecer, soplan nuevos vientos en relación con procesos que inexplicablemente estaban engavetados en distintas instancias del aparato de justicia y que han vuelto a salir a la luz y reciben atención. El primero de ellos fue el que llevaba tres años en la penumbra sobre la reelección del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. Finalmente falló el Consejo de Estado en Sala Plena, pocos meses antes de que terminara el espurio período.
A instancias de la Procuraduría Delegada se ha solicitado la prescripción de un proceso de ocho años acerca de la fraudulenta gestión del Comité Financiero para la segunda reelección de Álvaro Uribe, pese a que todas las manipulaciones han quedado registradas y documentadas. Pero bueno, al menos adquiere movilidad el asunto.
De otro lado, el caso del escándalo de Saludcoop continúa en el limbo, nada acontece contra los gestores de un saqueo que a más de haber esquilmado al sistema de salud en billones de pesos lo han afectado en manera irreparable y en el colapso se han llevado de calle la atención de millones de afiliados y sus familias con estela de padecimientos y muerte.
Por cierto, vuelve a saltar a la palestra el inconcluso proceso del saqueo de los bienes incautados a los narcotraficantes y que la fenecida Dirección Nacional de Estupefacientes DNE ferió en manos de validos y partidarios del gobierno de turno. Desde 2010 se espera cumplida justicia, aunque ya han sido procesados dos directores de la DNE (Carlos Albornoz y Ómar Figueroa), varios funcionarios de la Fiscalía General (Camilo Bula y Luis Fernando Sáchica) y otros vinculados al escándalo (Orlando Melo y Eladio Borrero).
Ahora han salido a figurar un empresario huilense dueño de la empresa Casa Motor, Adolfo Castillo Lozada, y un asociado, Deibis Rojas, quienes han negociado un principio de oportunidad con la Fiscalía para declarar sobre la participación de un controvertido sujeto, clave en el entramado, de nombre David Francisco Neira Barreto quien, al parecer, tiene la clave de la relación entre la DNE y los políticos que dilapidaron y se lucraron de los dineros y bienes de la DNE.
De esta manera se conocería, finalmente, el papel protagonizado por Javier Cáceres, Luis Humberto Gómez Gallo (Q.E.P.D.), Hernán Andrade, Lucero Cortés, Myriam Paredes, Eduardo Enríquez Maya, Óscar Fernando Bravo, Miguel Pinedo Vidal, Enrique Caballero, Ómar Yepes Alzate, Rufino Córdoba, Héctor Ospina y Álvaro Ashton. Así se sabrá si son inocentes o si la impunidad ha de ser la triunfadora, llevándose de paso los bienes y dineros que servirían para reparar a las víctimas de los mafiosos.
Comentarios