Luego de la polémica nacional que generó la venta de Isagén, se vislumbra la posibilidad de que al departamento del Tolima, le corresponda recibir un pequeño porcentaje del total de la transacción. Lo anterior a causa de que la ley establece que después de la venta de acciones de una empresa del Estado, una parte debe ir a los departamentos y municipios, en donde la empresa haya tenido actividades. Los recursos para los cuatro departamentos (Santander, Antioquia, Caldas y Tolima) sumaría el 10% de la totalidad de la venta. El porcentaje del 2.69% que recibiría el Tolima, está estimado en unos 30 mil millones de pesos, y de los cuatro departamentos, sería el de menor cuantía. A ello, hay que agregarle que particularmente el municipio de Chaparral, lugar en donde se encuentra la Central Hidroeléctrica de Amoyá, también entraría como directo beneficiado.
En principio, y como argumento de defensa a la venta de Isagén, el Gobierno nacional, y en especial, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que vender la generadora significaba poder tener mayores recursos para proyectos de infraestructura, como las vías 4G. Con esa premisa, y con la de que el país en lugar de perder, ganaba a futuro, se vendió Isagén. Sin embargo, y cuando todavía no es muy clara esa afirmación, se habla de que los recursos recibidos podrían usarse para proyectos de libre destinación, y serían los mandatarios departamentales y municipales, quienes podrían disponer de ellos.
Hoy, cuando aún hay quienes cuestionan el bajo precio de la venta, y la extraña subasta con un solo oferente, finalmente la venta de la generadora de energía más grande del país, puede empezar a traer réditos para el Tolima, en donde el Gobierno departamental tendría la posibilidad de invertir esos dineros, si así lo quisiera, en temas puntuales y de suma importancia para el departamento como el Hospital Federico Lleras y la Universidad del Tolima. Por esa misma línea, el alcalde de Chaparral, Humberto Buenaventura, ha manifestado su intención de invertir su parte. Salud, educación y las vías de acceso, son sus prioridades.
Finalmente, habrá que esperar que el Ministerio de Hacienda establezca formalmente los porcentajes, y que no se interponga ningún impedimento jurídico, para que los dineros lleguen, probablemente a mediados de 2017, y sea la administración departamental, con base en su plan de desarrollo, quien invierta esos recursos con total responsabilidad, transparencia y pulcritud; y distanciados de intereses electorales futuros.
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