Como la cereza que le faltaba al pastel, la Contraloría General de la República, estableció oficialmente los hallazgos fiscales encontrados en el desfalco de los Juegos Nacionales, los cuales ascienden a más de 66 mil millones de pesos, e involucran a los municipios de Prado, Melgar, Espinal, Chaparral y Líbano, subsedes de las justas.
Y es que hasta el momento se había hablado únicamente del descalabro de las obras en Ibagué, y el total de los involucrados en el departamento habían pasado de agache. Resume el informe, que en cada uno de los municipios mencionados se presentaron hechos de corrupción.
Por ejemplo en Prado, inflaron los costos de elementos relacionados con luminarias de un sendero deportivo, y además de ello, hubo faltantes de obra y deficiencias en su construcción. Se habla de un detrimento patrimonial de mil 445 millones.
En Melgar, ocurrió lo mismo, pues aumentaron los valores, y pagaron por aparte, lo que ya había sido incluido en los costos iniciales, además de faltantes de obra y deficiencias constructivas.
En el Espinal, cobraron por la construcción de accesos de movilidad para personas en condición de discapacidad, y no los hicieron; y en Chaparral y Líbano, hubo sobrecosto de materiales, e incremento de los ítems sin justificación técnica. Es decir que además de que los dineros se fueron a algunas arcas personales, las obras se hicieron a medias y con deficiencias. El desangre total en los municipios fue de 3.459 millones de pesos.
La atención de los medios de comunicación, y de las autoridades, se había centrado en Ibagué, a raíz de la gravedad del desfalco, que hoy tiene a la capital del Tolima, sin escenarios deportivos, y porque desde allí se orquestó todo, en cabeza de Orlando Arciniegas Lagos, y al parecer el exalcalde Luis H. Rodríguez, cuya responsabilidad el propio presidente Santos ha pedido sea investigada por la Fiscalía.
Sin embargo, con el reciente informe, cabe la necesidad de poner la lupa en los directos responsables e implicados, y en quienes permitieron que eso pasara en los municipios, por ejemplo, el exgobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, pues como primera autoridad del departamento, debió ejercer un mayor control en el desarrollo y ejecución de las obras y contratos.
Además de lo antes mencionados en los municipios, el informe de la Contraloría, reafirmó lo que ya sabíamos del desfalco en Ibagué.
La empresa española Typsa fue una de las mayores beneficiadas con lo sucedido, y directa responsable. Igualmente, se reveló que el desfalco no fue solamente en estudios y diseños de las obras, como se pensaba inicialmente, sino además en la ejecución de las obras, pues también se aumentaron costos, se pagaron cosas que no se hicieron, y en el caso de las Piscinas Olímpicas y el Parque Deportivo, además del tierrero y la ausencia de los escenarios, hay serias deficiencias en lo poquito que alcanzaron a hacer.
De la misma forma sucedió con el estadio Murillo Toro, en donde se ha presentado desportillamiento y fisuras en las graderías. ¡Pobre Ibagué y pobre Tolima!
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