Se cumplen 31 años de la toma del Palacio de Justicia a manos de la guerrilla del M-19, y la retoma por parte de agentes del Estado, que sin mediar palabra, entraron con sus tanques de guerra, disparando a todo lo que estaba a su paso.
El lema era “mantener la democracia”, en palabras de Alfonso Plazas Vega, coronel a cargo de la operación, y hoy absuelto de la responsabilidad por falta de pruebas en su contra. Tres décadas después, los interrogantes aún siguen siendo muchos, y el dolor en la familia de las víctimas se abre como una vieja herida que no cicatriza.
Cada 6 de noviembre, las preguntas siguen siendo las mismas, aquellas que parecieran no tener respuesta coherente ante lo ocurrido. Por ejemplo, el por qué justo un día antes de la toma, se retiró el esquema de seguridad del Palacio, aun sabiendo que el M-19 estaba preparando un acto de rebeldía contra el gobierno, el cual había sido anunciado un mes antes por el propio Ministro de Defensa.
Además de ello, también habían sido públicas las amenazas de los extraditables, comandados por Pablo Escobar, quienes libraban su lucha contra la justicia. Según Popeye, exjefe de sicarios de Escobar, su patrón aportó dos millones de dólares al M-19 para llevar a cabo su plan.
Los informes de la Comisión de la Verdad, así como testimonios recogidos por parte de la periodista colombo-irlandesa, Ana Carrigan, en su libro sobre la toma, revelan la responsabilidad de los miembros del Ejército en la desaparición de varias personas que salieron vivas del Palacio, entre ellas, personal que laboraba atendiendo la cafetería, el Magistrado Carlos Horacio Urán, quien fue encontrado con un tiro de gracia, y la guerrillera Irma Franco, quien según los reportes de la Comisión y palabras de varios testigos, fue sacada con vida y llevada a la Casa del Florero, a donde luego de ser interrogada, fue torturada y posteriormente asesinada.
Hoy el paradero de muchos quienes estuvieron en el Palacio sigue siendo un misterio, y cada año cuando conmemoramos el episodio más fuerte que ha sufrido el aparato judicial colombiano, se sigue reclamando firmeza para actuar frente a las evidencias encontradas, y los relatos de los testigos.
Seguimos preguntándonos por qué el Presidente Belisario Betancur, considerado como un pacifista, permitió que el Ejército entrara a sangre y fuego a retomar el Palacio, y por qué su Ministra de Comunicaciones, Nohemí Sanín, prefirió transmitir un partido de fútbol, que dejar que el país se enterara de lo que estaba ocurriendo. Ese día mataron la justicia.
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