En par de años atrás, funcionarios y profesores de la Universidad del Tolima le preguntaban al entonces rector José Herman Muñoz, a través de carteles de protesta, por el futuro del venidero 2016 al cual no le veían salida.
Por esos días, nadie en la UT tenía la certeza de recibir los sueldos atrasados y ni pensar en las primas navideñas, pues la crisis llegó a tal punto que en diciembre de 2015 para muchos en el alma mater, no fue más que un trago amargo en donde la zozobra se posó en medio de la bulliciosa época festiva.
Hoy el panorama es distinto y alentador, y pese a ello, algunos personajes al interior de la Universidad parecieran estar auspiciando el saboteo y la marrulla para buscar la caída de un rector que parece estar dando muestras de estar comprometido con lo encomendado.
La demanda interpuesta por el exasesor jurídico de la UT, Eduardo Oviedo, la cual parece ser una ‘leguleyada’ o un mandado de quienes viudos de poder han optado por oponerse a los cambios en pro de salvar y garantizar la sostenibilidad de la institución, además, pareciera estar en concordancia con un plan para sacar a Mejía del camino, y del que aparentemente tres miembros del Consejo Superior desean: Carlos Eduardo Montealegre, Maribel Córdoba y Raquel Díaz.
La carta enviada por profesores, directores de programa y otros decanos a su colega Montealegre, y quien los representa ante el Consejo Superior, puso en evidencia la confianza y aprobación de ese sector de la comunidad universitaria con la gestión de Mejía, máxime cuando en dicha misiva se le pide a Montealegre apoyar los procesos de cambio, y entre líneas se le exige no buscarle el tropiezo como algunos han evidenciado a lo largo de este tiempo, y en donde Montealegre parece que ha contado con la disimulada venia de la Representante del Ministerio en el Superior, así como también de la Representante de Presidencia, paradójicamente las dos ultra defensoras del exrector Muñoz Ñungo, y quienes lo reeligieron cuando la crisis ya era irreversible producto de su terrible gestión.
Hoy, a falta de la apelación frente al fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima, lo más importante es decir que en la actual administración el déficit se ha reducido supuestamente en más de 18 mil millones de pesos, la planta laboral burocratizada y desfasada ha disminuido en 195 cargos, y actualmente ya son 15 programas los acreditados como de alta calidad, lo cual se convierte en un importante reto, pues con ello se vería cerca la acreditación institucional.
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