El tema del denominado ‘predialazo’ pareciera haber entrado en el congelador, luego de la polémica presentada por cuenta de la decisión del gobierno departamental de remitir el Acuerdo alcanzado entre Concejo y Alcaldía, al Tribunal Superior del Tolima, con el fin de que, ante la incertidumbre jurídica, este fuera quien dictará su legalidad y pertinencia, cosa que entendemos.
Mientras que esa instancia dicta sentencia, y luego de que el cabildo concertará con el mismo Alcalde un incremento del 3%; hoy no se tiene claridad si esa cifra va a ser validada, luego del escándalo del Igac, de donde salió “embadurnado” de cuestionamientos y triquiñuelas costosísimas.
Las pruebas aportadas a la Fiscalía, por parte de quienes lideraron dicho movimiento de protesta, parecieran no haber tenido ningún efecto, pues esta es la hora que la Fiscalía no ha imputado, y mucho menos el director del Igac, Mauricio Mora, ha tenido la decencia de renunciar a su cargo, así como tampoco la tuvo el hoy nuevamente electo congresista, Ángel María Gaitán, para responderle al Tolima por su expuesta injerencia en las cuotas que allí laboraban, y desde donde hubo aparentemente favorecimiento a su jefe político Mauricio Jaramillo.
Hoy, además de que el proceso de actualización catastral, del cual ya está demostrado quedó mal hecho y con serios vicios de ilegalidad, y el mismo sigue su tránsito con normalidad, la Alcaldía pretende absurdamente firmar un nuevo contrato, esta vez con el fin de “auditar” o validar, a través Flavio Lugo, de Fedelonjas, quien también confesó tener cuotas dentro del Igac y obviamente ha defendido a ultranza dicha actualización. Este nuevo convenio no tendría sentido, pues se sabe que el avalúo quedó mal o más o menos bien, según la Lonja, es decir, la Alcaldía pretende pagar una millonada adicional a los 9500 millones para que le digan que algo que sabe que estuvo mal, y que sigue estando mal porque el proceso continúa, está bien y se podría aplicar. En pocas palabras corregir un error con otro error.
Jorge Bolívar, Pedro Mora y Carlos Portela, se opusieron en el Concejo, y no estaría demás decir, que lo único viable, sería que ese porcentaje que llevaban de actualización cuando estalló la bomba, se hiciera de nuevo y en el tiempo y rigurosidad que amerita el caso, con otros contratistas y no como se ha seguido haciendo, mientras se buscan culpas ajenas.
El dinero ya se perdió, ya se lo gastaron, curiosamente antes de las elecciones del Congreso, en este momento la Fiscalía debe determinar los responsables, pues el daño ha sido enorme, y no solo es por el monto desembolsado, sino por la afectación de las finanzas de la misma Alcaldía. ¿A quién habría que achacarle la responsabilidad de todo este daño y del nuevo adefesio de sobrecosto o interventoría de hacerse realidad?
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