Nuevamente fue prorrogada la intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud al hospital Federico Lleras de Ibagué. En tres años y 9 meses, es la sexta prorroga que se hace, teniendo en cuenta la difícil situación financiera que vive el centro médico, por cuenta de las deudas de las EPS, y la baja competitividad, que, entre otras cosas, no le permite ser rentable o autosostenible, a falta de algunos servicios, y potencialización de otros.
Una de las razones para que el Gobierno nacional haya decidido mantener la intervención hasta el próximo 3 de diciembre, es que el Federico aún no encuentra su equilibrio financiero, y tiene un recaudo mensual de 4 a 5 mil millones de pesos, mientras que sus gastos superan los 8 mil millones.
Dadas las circunstancias, una de las soluciones a la mano, es la venta de la sede Limonar, antiguas instalaciones del Seguro Social, y que hoy hacen parte de sus activos. Aunque allí actualmente se está prestando un servicio, para su optima utilización, dicha sede requiere de capital de trabajo, y una inyección abundante de recursos que no está disponible. Esas cifras oscilarían entre los 40 mil millones de pesos, y el Hospital, desde luego no está en condiciones de solventar.
Por ello, y según lo expresado por Inés Loaiza, agente interventora; dicha sede será subastada próximamente con un precio base de 65.401 millones de pesos, proceso que estará a cargo de Cisa-Central de Intervenciones S.A. Para Loaiza, la venta de la sede Limonar, no solo ayudará a generar recursos para fortalecer los servicios, sino para cubrir los pasivos, cosa con la que el gobernador Óscar Barreto ha demostrado estar muy en desacuerdo.
Barreto, ha manifestado que el Gobierno nacional tiene cierto interés (quizás extraño) en que esa venta se haga, pero considera que, si se lleva a cabo, los recursos obtenidos deben usarse en inversión para poner a disposición servicios especializados tales como oncología y hemodinamía, entre otros, y que permitan potencializar el hospital, elevar la calidad del servicio y recibir nuevos ingresos, haciéndolo rentable.
Razón tiene el gobernador en ello, y cuando afirma que utilizar esos recursos para pagar deudas y automáticamente tener liquidez, no tiene sentido, y mucho más cuando aquello significaría “cubrirle” la espalda a las EPS, cosa, que entre otras cosas no afanaría su pago. Desde ya decimos que ponemos el grito en el cielo en caso de que aquellos recursos no se utilicen para inversión de servicios de alta complejidad, y se vuelvan plata de bolsillo. Es necesario que el gobierno Departamental elabore un plan estratégico de inversión, en donde se solicite y aclare cómo y en qué se van a gastar esos dineros, y que a su vez se vuelva incisivo con el Ministerio para que no alcahueteen más y exijan a las EPS pagar lo que deben.
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